La Abogacía del Estado autoriza liberar 4.500 millones para las autonomías

Madrid

El Gobierno va a liberar 4.500 millones de euros que todavía se adeudan a las autonomías. Lo hará previsiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes y mediante un Real Decreto, según confirman a la Cadena SER fuentes del ministerio de Hacienda.

En estos momentos, el argumento que maneja el Ejecutivo de Sánchez es que este anuncio no compromete los presupuestos generales del próximo año. Además, la Abogacía del Estado avala que el pago sea para el ejercicio de 2019.

Previsiblemente, este viernes pasará al Consejo de Ministros y las entregas se podrían hacer en semanas, antes incluso de que se cierre la campaña electoral del próximo 10 de noviembre.

María Jesús Montero: sentará un "precedente"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cree que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista con EFE, Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desvincular también las entregas a que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero ha confirmado que esas entregas ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

En su opinión, con la inminente aprobación del decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos". Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas. "Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos", ha insistido Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica. Y que en esa norma, ha señalado la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobado el del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es "subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno", ha concluido.

Espera en cualquier caso que esta medida "marque el camino" no solo a futuros gobiernos sino también a las comunidades para que lleven a la práctica su autonomía financiera y saquen adelante sus cuentas.

María Jesús Montero defiende en cualquier caso haber tomado esta decisión ahora porque se acerca el final del año y las dificultades financieras son mayores para algunas comunidades, y asegura que ni éste ni otros anuncios económicos hechos en los últimos días por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, son electoralistas. "Para nada", ha dicho Montero, quien considera que son determinados acontecimientos los que han llevado al Gobierno a acometer estas medidas o al líder socialista a anunciarlas.

Ha señalado así que "las cosas resultan urgentes cuando surgen", como es el caso de los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra productos europeos y que llevan al Ejecutivo a tomar medidas como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Cita también las medidas que se van a tomar para paliar los duros efectos que ha tenido la quiebra del gigante Thomas Cook sobre las economías canaria y balear y el turismo en ambas comunidades.

Y sobre la anunciada subida de las pensiones en plena precampaña también la justifica: "Siempre hemos dicho que había que revalorizarlas con respecto al IPC", ha recordado Montero, para quien con su anuncio "el presidente le ha dado más intensidad" a esta promesa.