La batalla de los 'dreamers' contra Trump llega al Tribunal Supremo

Washington

Julieta Hernández juega con su bebé en la alfombra de su casa de Calverton, Maryland. En la pared del salón, encima del sofá, hay una foto tamaño póster de su hermano jugando al fútbol. A la derecha, en una mesita otra foto, más pequeña, en un marco de plata, también de su hermano en el día de su graduación. Sus padres entran y salen de la cocina sin decir nada. Acaba de llegar del centro de salud donde trabaja como enfermera. Pudo terminar sus estudios porque, aunque llegó a Estados Unidos siendo una niña y sin papeles a principios de los 90, en 2012 le concedieron el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), un permiso temporal que le permitió estudiar y trabajar legalmente en este país.

Desde hace tres años, coincidiendo con el periodo presidencial de Donald Trump, Julieta ha pasado por lo mejor y lo peor de su vida. Ha dado a luz a su hija –estadounidense, claro- y ha sufrido la deportación de su hermano a México, su país de origen. Ahora vive con la incertidumbre de que deporten también a sus padres que, pese a llevar aquí casi 30 años, no tienen papeles. O bajo la amenaza de volver a ser ilegal si eliminan DACA. O peor, a ser deportada y tener que separarse de su bebé. Vive con el miedo a que la grieta que esta administración ha provocado en su familia se convierta en un agujero negro.

Pendientes de la decisión del Supremo

Julieta prefiere que no revele cómo se llama su hija. También prefiere que no diga su nombre verdadero, “por si acaso”, dice. Pero sí quiere contar su historia. Una, de más de 700.000; las que hay detrás de cada dreamer que espera, a partir de hoy, a que los jueces del Tribunal Supremo decidan sobre sus destinos.

En 2012 el presidente Barack Obama aprobó DACA mediante una orden ejecutiva ante la incapacidad del Congreso para consensuar una ley que sacara de la ilegalidad a los dreamers que llegaron siendo niños a este país, donde han crecido, y que sienten como suyo. La media de edad con la que llegaron es de seis años y ahora tienen alrededor de 25. Todos han vivido en Estados Unidos al menos una década, algunos llevan 30 años.

Inmigrantes como herramienta electoral

Donald Trump, que ya como candidato utilizó a los inmigrantes como herramienta electoral, prometió durante la campaña de 2016 eliminar este permiso. Siete meses después de asumir la presidencia, en septiembre de 2017, lo cumplió y ordenó revertir mediante otra orden ejecutiva la medida de su predecesor, dejando en un limbo jurídico a más de 700.000 dreamers.

Los tribunales federales paralizaron en seguida la orden de Trump y el litigio llega hoy al Alto Tribunal, donde los dreamers, representados por varias organizaciones civiles como United We Dream, van a exponer los argumentos por los que creen que no se debe ilegalizar DACA. Los nueve jueces del Supremo, de mayoría conservadora, emitirán su decisión –previsiblemente- en junio de 2020.

Los dreamers, jóvenes estadounidenses salvo para la administración

Alrededor del 90% de los beneficiarios de DACA trabaja y el 45% estudia, según datos de las organizaciones que los representan. El 58% de los jóvenes han prosperado y conseguido un trabajo mejor gracias a este permiso. Además, 256.000 beneficiarios de DACA tienen hijos estadounidenses, por eso los activistas aseguran que acabar con este permiso es una extensión de la política de “tolerancia cero”, por la que esta administración ha separado a cientos de miles de familias migrantes tras llegar sin papeles a Estados Unidos.

Las organizaciones estiman que los dreamers contribuyen con más de 42.000 millones de dólares al PIB anual de este país. Si prohíben DACA, advierten de que se perderían 2.000 millones de dólares que aportan a la Seguridad Social anualmente y 470 millones que pagan a Madicare (un programa de salud pública). El 6% de los dreamers ha abierto su propio negocio, el 60% ha comprado un coche y el 14% una casa, según Moving America Forward.

Apoyo de Microsoft

Más de 140 empresas, lideradas por Microsoft, han sumado su apoyo a los dreamers. Su presidente, Brad Smith, publicó una carta la semana pasada asegurando que representan “a los empleadores de todos los tamaños para defender DACA”. En el gigante tecnológico trabajan más de 60 inmigrantes gracias a este permiso. Estas compañías han alertado “del grave daño que se infringirá a la economía estadounidense” si pierden las contribuciones de los dreamers.

Papeles a cambio de muro

Incluso Donald Trump reconoce que los dreamers “son trabajadores y exitosos” pero culpa a los demócratas en el Congreso de no querer encontrar una solución permanente para los jóvenes inmigrantes. El presidente ha vinculado la regularización con la financiación del muro con México, algo a lo que los legisladores se niegan.

Decida lo que decida el Supremo, el Congreso podría aprobar un proyecto de ley bipartidista que dé una solución definitiva a los dreamers. Los demócratas, de hecho, están impulsando el Dream and Promise Act, una ley que abriría la puerta a la ciudadanía a más de dos millones inmigrantes que llevan décadas con permisos temporales (DACA y TPS).

Esa ley tendría que ser ratificada por Trump y eso solo va a pasar si los cálculos electorales le benefician. Según las encuestas, prácticamente el 80% de la población aprueba la legalización de los dreamers pero su base de votantes es la que más se oponen a la regularización de los migrantes, esos que no entran en su America First.