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Domingo, 08 de Diciembre de 2019

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La Audiencia rechaza una querella por lesa humanidad contra las fuerzas de seguridad el 1-O

El juez Ismael Moreno responde que la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el referéndum ilegal fue "proporcionada" y la querella presentada por unos particulares por un delito de lesa humanidad carece "del mínimo rigor" para ser tenida en cuenta

Imagen de la puerta de la Audiencia Nacional. / ()

El magistrado ha rechazado después de escuchar a la Fiscalía la querella presentada Jaume Comaposada Pla y otros particulares contra las fuerzas de seguridad del Estado que intervinieron durante la jornada del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Los querellantes atribuían a la Guardia Civil y la Policía Nacional un delito de crimen contra la humanidad por formar parte de un plan “estratégicamente organizado y fuertemente jerarquizado” desde las “altas estructuras del Estado” para llevar a cabo “un ataque sistemático e indiscriminado contra la población civil catalana”, que les llevó a actuar “violentamente contra ciudadanos indefensos que se disponían a ejercer su derecho al voto de forma pacífica”.

En su escrito, el juez enumera los preceptos necesarios de acuerdo a la normativa internacional para que una acción pueda ser considerada como un crimen contra la humanidad, y de acuerdo con la Fiscalía concluye que no cabe aplicar esta tipificación delictiva y archiva la demanda.

En contra de la argumentación de los querellantes, el juez Ismael Moreno sostiene que la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue “proporcionada y legítima”, y se produjo en respuesta a las “graves y violentas” alteraciones de orden público, tendentes a “subvertir” el orden constitucional.

El magistrado traslada la responsabilidad por los incidentes a los convocantes del referéndum ilegal, que alentaron la resistencia primero durante la jornada del 20 y 21 de septiembre de 2017, durante el bloqueo de la comisión judicial que registraba la Consejería de Hacienda. También con la campaña “Escoles Obertes”, por la que se convocaba a los ciudadanos a ocupar locales designados como centros de votación durante el referéndum. Según relata el juez, con esta acción, “se sometía a los llamados a un escenario indiscutible de riesgo” al oponerse a los agentes de la policía que asistirían al desempeño de sus funciones para mantener el orden constitucional.

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