Viernes, 05 de Junio de 2020

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Teddy Bautista ocultó inversiones "de dimensión cósmica"

Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Teddy Bautista y que indemnice con 30 millones a la SGAE

Teddy Bautista, en una imagen de archivo.

Teddy Bautista, en una imagen de archivo. / GETTY IMAGES

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión por un delito de administración desleal e indemnización a favor de la SGAE de 29,8 millones de euros para el que fuera su presidente, Teddy Bautista, que será juzgado por su gestión del llamado proyecto Arteria.

Según la fiscalía anticorrupción, Arteria, fue una sociedad a través de la que Teddy Bautista realizó inversiones por encima de los 259 millones de euros dentro y fuera de España, especialmente en la compra de teatros.

Según el ministerio fiscal, la estructura creada por Bautista fue “personalísima”, y dada la posición preponderante de su presidente “evitó la creación de una auténtica estructura directiva ordenada y funcionalmente responsabilizada".

La consecuencia inmediata, según el escrito de acusación del fiscal, fue que se produjo una concentración y falta de rigor de las decisiones meramente personalistas que acometió Teddy Bautista y que le eran sometidas a su criterio de forma asistemática por quienes él mismo había nombrado en diversos órganos y comités con supuesta participación en el "Proyecto Arteria".

Todo el poder

Según el fiscal, “el acusado ha venido ostentando, por ende, no sólo desde el punto de vista legal, sino en el terreno de los hechos, el máximo poder de decisión y de ejecución en el seno de la SGAE, hasta el punto de que, en la práctica, los distintos órganos de la estructura organizativa de la entidad han estado supeditados a sus designios, sin un contrapeso efectivo, ya que los mecanismos de control sufrieron una progresiva degradación, cuando no eliminación, en paralelo a la acumulación de poder del PCD, con los consiguientes efectos dentro de una sociedad de gestión de las dimensiones alcanzadas por esta; y ello aun cuando, por lo general, en el proceso de la toma de decisiones se tratasen de llenar las formalidades legales correspondientes”.

Inhabilitación

La fiscalía solicita además de la pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño, de hecho, o de derecho, de las funciones de administrador de cualquier sociedad mercantil o entidad de gestión de derechos de autor.

La SGAE ha explicado que siempre ha colaborado con la Justicia. "Muestra de ello es que en el último consejo de dirección celebrado el 3 de diciembre aprobó la personación de la entidad como acusación particlar en este caso", asegura. 

El escrito del fiscal detalla que dada “su posición preeminente en todas y cada una de las entidades que el acusado había logrado constituir en el seno de la SGAE, y que componía una compleja estructura tanto desde el punto de vista societario como económico y social, con reiteración de personas afines en las mismas, la que le sirvió para maniobrar y presentar el modo de adquisición por la SGAE de los teatros de la Gran Vía madrileña, Lope de Vega y Coliseum como una oportunidad de negocio, supuestamente realizada a partir de criterios de profesionalidad contrastada en el cumplimiento de la normativa correspondiente”.

Si embargo el fiscal relata que “en realidad respondió a una decisión de su exclusiva voluntad, gestada y acordada a espaldas de los órganos correspondientes, con déficit absoluto de estudios solventes y objetivos, y, en fin, contraria a los intereses de la entidad que representaba y dirigía, más allá del carácter “visionario” de la misma que el propio acusado reconoció que concurría en ella”.

La operación fue pergeñada de modo extremadamente reservado por el acusado, pero al someterla éste a los órganos del grupo SGAE, llegó a exponer que ello fue necesario para el buen fin de un gran negocio “dimensión cósmica”, en beneficio de la entidad.

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