El Supremo busca fórmulas para evitar el colapso mientras no se renueva el Poder Judicial

Madrid

El Tribunal Supremo estudiará este martes una propuesta para blindarse ante la ausencia de nombramientos hasta que arranque la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La sala de gobierno aborda en su reunión de hoy una propuesta de Manuel Marchena, presidente de la sala de lo penal, para formar tribunales incluso con jueces de otras salas: en este momento apenas quedan unos pocos magistrados de lo penal que no hayan tenido contacto procesal directo con el procés.

La propuesta elaborada por Marchena, según fuentes del alto tribunal, expone que cuando no sea posible formar un tribunal para estudiar un determinado asunto en una sala, se vaya completando con el magistrado más antiguo de cada una de ellas, y si con eso no fuera suficiente empezar a incluir también a los últimos en haberse incorporado a cada sala. Presidirá dicho tribunal, según esta propuesta, el magistrado más antiguo de la sala original.

La propuesta constituye un sistema de sustitución de magistrados inspirado en las normas de conformación de la conocida como 'sala del 61' del mismo Tribunal Supremo, dedicada a estudiar por ejemplo recusaciones y causas contra presidentes de sala y formada por el presidente del alto tribunal, los presidentes de sala y el más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.

Según fuentes del alto tribunal ésta propuesta tiene por objetivo, entre otras cosas, asegurar que en el futuro el Tribunal Supremo no tenga problemas para juzgar o estudiar determinados asuntos aunque no haya magistrados suficientes para hacerlo en la sala que sea. El pasado mes de enero el pleno del CGPJ aprobó, a propuesta de su presidente Carlos Lesmes - que también preside la sala de gobierno del Supremo - no nombrar a más jueces hasta que los partidos políticos procedan a su renovación.

La sala penal, en cuadro

La situación más delicada está ahora mismo precisamente en la sala de lo penal que preside Marchena. En los últimos dos años apenas unos pocos magistrados y magistradas no han tenido contacto procesal con la causa del procés, ya sea a través del enjuiciamiento directo o a través de recursos y recusaciones: Susana Polo y Eduardo de Porres son los únicos además de Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado mientras se tramitaba la causa.

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El resto han participado de una u otra forma en la tramitación o enjuiciamiento del caso y el CGPJ ha dejado en la nevera la sustitución de tres magistrados jubilados - Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge - indispensable para poder abordar, por ejemplo, la causa Carles Puigdemont si es entregado, el estudio de recursos contra la sentencia que resulte del juicio contra Josep Lluís Trapero o contra la antigua Mesa del Parlament o Joan Josep Nuet, según entienden en el alto tribunal.

"Una posición difícil"

La propuesta de Marchena, que este martes estudiará la sala de gobierno del Tribunal Supremo, entronca con algo que ya aseguró él mismo ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de octubre, cuando exponía su proyecto como candidato único a estar otros cinco años al frente de la sala de lo penal.

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"La idea de que la sala que ha valorado el testimonio de 500 testigos, ha escuchado a 12 acusados, ha examinado metros cúbicos de documentos, está en disposición de juzgar hechos similares con distintos protagonistas, nos sitúa en una posición difícil", dijo entonces ante un Carlos Lesmes que como presidente del CGPJ rechaza hacer más nombramientos de jueces como los que reclama Marchena pero que este martes presidirá la reunión de la sala de gobierno del Supremo.