El abogado que ha denunciado al Gobierno: condenado y sancionado por estafar a clientes

Madrid

Víctor Valladares, el letrado que ha llevado ante la Justicia al Gobierno y a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus y por no prohibir concentraciones como las del 8M, ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él. Según documentación y testimonios a los que ha tenido acceso esta emisora, el Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid este mes de junio. Otro juzgado, en sentencia no firme, le ha condenado hace dos meses por un delito leve de estafa por engañar a otro cliente.

Su denuncia presentada en Madrid ha propiciado la apertura de una causa por un juzgado que investiga si José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, prevaricó o cometió otro delito al permitir grandes concentraciones como las del 8M a pesar de lo que ya entonces decían algunos informes sobre el riesgo de propagación del coronavirus. El letrado, además, ha presentado también una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y anuncia la creación de una asociación con más de 7.000 personas contactando ya con él para sumarse.

En conversación con la Cadena SER en el día de ayer Valladares negó ir a pedir ningún dinero a la gente que se sume a sus acciones contra el Gobierno y reconoció la existencia de estos procedimientos judiciales aunque negando los hechos, alegando que había ganado todos los juicios a los que se había enfrentado y denunciando una campaña contra él en las redes sociales.

Uno de estos casos fue sentenciado en junio de 2018 por el juzgado 87 de Madrid: fue condenado a indemnizar a una mujer con 1.300 euros por no haber interpuesto acciones legales en una demanda de derecho al honor por el que le había pagado. Él "de forma consciente, mediante ocultación de la falta de presentación de la demanda, retención voluntariamente consciente de la documentación que había recibido de la cliente y que además estaba obligado a devolver, fingiendo la existencia de un procedimiento abierto y un acuerdo inexistente, creó una apariencia jurídica eficaz de que venía siguiendo las instrucciones de su cliente y comitente, cuando en realidad no lo había realizado".

"No tenía ninguna documentación"

"Así fue durante un año, yo no tenía ninguna documentación, simplemente su palabra y lo que él me iba contando que iba haciendo hasta que hablé con otros abogados y me dijeron que claramente este señor no estaba haciendo nada", relata a la Cadena SER Cristina Muñoz, la víctima que denunció este caso en un juicio en el que Valladares fue declarado en rebeldía y que también le costó una sanción de quince días por parte del Colegio de Abogados de Madrid.

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Un caso similar al que, salvo suspensión ante el escenario de crisis, le llevará al banquillo del juzgado de lo penal 24 de Madrid el próximo mes de junio. Está acusado de estafa, falsedad en documento público y deslealtad por supuestamente quedarse con 3.300 euros de un proceso por una cláusula suelo que, según la versión de la acusación, tampoco puso en marcha. En esta causa la afectada pide casi tres años de cárcel para él.

Animalistas y procesos de menores

Más de una decena de personas han contactado con la Cadena SER en los últimos días para explicar su experiencia con este letrado que, según las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial, ha ejercido durante años y su nombre aparece en diversas sentencias como letrado pero que en este momento no figura ni en las bases del Consejo General de la Abogacía Española ni en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Asociaciones del ámbito de la protección animal, como Justicia Animal o Animal Rescue aseguran haber pasado por lo mismo pero especificando que no llegaron a denunciarle.

Otro de los testimonios recabados por la SER es el de Ana Rosa Castro, que encomendó a Valladares el intento de encontrar y retornar a su hija desde Argelia donde permanece con su padre. El ICAM terminó imponiéndole una sanción de quince días en enero de 2018 por infringir las normas deontológicas ya que "no consta que el letrado haya informado sobre el estado en que se encuentra el asunto encomendado". 

Causa reabierta

El juzgado número 46 de Madrid investiga si Valladares hizo lo mismo con una gestoría, no tramitando y supuestamente falsificando documentación de un caso: la causa fue archivada pero el año pasado la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura. En declaraciones a la Cadena SER Carlos Santos, de la gestoría Gesys, explica que empezó a derivar a algunos de sus clientes al despacho de Valladares: "Yo estaba empezando, la gestoría estaba recién salida del horno y no teníamos un apoyo jurídico".

Fue unos meses después cuando muchos de ellos volvieron a llamarle denunciando que no sabían nada de sus procedimientos. "Yo llamaba a Víctor y él me decía siempre lo mismo, que la Justicia es muy lenta", hasta que en una ocasión le aseguró que tenían una vista de un proceso monitorio en un juzgado de Getafe: "Me presenté en el juzgado y allí no se presentó absolutamente nadie", relata. En el juzgado le informaron de que el número de procedimiento existía pero no era su monitorio sino otro proceso e hipotecario.

"Fui a cada juzgado a ver cada procedimiento de cada uno de mis clientes y todos los procedimientos no existían, estaba todo sin hacer", explican desde la gestoría. El proceso contra él se instruye en un juzgado 46 de Madrid después de un primer archivo y de que él lo negase pero después también de que la Audiencia Provincial, considerando acreditado que había documentos falsificados. "A la vista de la denuncia formulada y la acreditación de la falsedad de la diligencia de ordenación remitida a través del correo electrónico del denunciado a la gestoría denunciante, sería conveniente practicar aquellas diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos".