¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital Puente? Guía explicativa

Madrid

La Vicepresidencia Segunda del Gobierno ha anunciado este jueves que se va a poner en marcha un "Ingreso Mínimo Vital Puente ante la crisis del COVID-19" con carácter “urgente” para garantizar “que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis”.

RENTA PUENTE

<p>El Gobierno plantea una renta "puente" durante los tres meses que tardará en aprobar el Ingreso Mínimo Vital</p>

¿En qué consiste el Ingreso Mínimo Vital Puente?

La medida es más una ayuda coyuntural y excepcional para ayudar a todas aquellas personas que no cuentan con ninguna prestación o subsidio en estos momentos de crisis que un verdadero Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un auténtico IMV es una renta orientada a combatir la desigualdad estructural y ayudar a los más vulnerables del sistema, que tiene que coordinarse con las Comunidades Autónomas y sus respectivas rentas mínimas y aprobarse con el amplio procedimiento legislativo que requiere una norma llamada a cambiar en buena medida el sistema de protección social español. El propio Gobierno admite que una medida así no puede estar lista “antes de tres meses”. Así que el Ingreso Mínimo Vital Puente se parecerá más a los subsidios extraordinarios aprobados recientemente para empleadas de hogar y para trabajadores temporales.

¿Cómo se aprueba la idea?

Según ha sabido la SER, la medida recibe luz verde tras una reunión este miércoles por la noche entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias. Este último organizó el día siguiente, el jueves 9 de abril, una serie de encuentros con los ministros de Trabajo e Inclusión, los agentes sociales y entidades de lucha contra la pobreza y del Tercer Sector, y después de estas citas telemáticas se ha hecho pública la medida.

¿Cuándo estará listo?

Fuentes del Gobierno indican a la SER que el Ingreso Mínimo Vital Puente está todavía en fases muy tempranas de su desarrollo, y que no se aprobará a corto plazo, en los próximos Consejos de Ministros. El horizonte es de semanas, aunque la ayuda pueda tener luego carácter retroactivo.

¿A cuántas personas alcanzará y qué cuantía tendrá?

Precisamente son asuntos como estos los que hacen que la medida todavía no esté lista para su aprobación. A la Seguridad Social se le ha encomendado que haga los números para ver qué alcance podría tener esta prestación. En cuanto a la población, se estudian distintas fuentes para calcular el número de hogares sin ingresos, que serían los potenciales perceptores: la última EPA señala que son 565.000, aunque las estimaciones cambian si se utilizan otras medidas, como los datos de Hacienda o la Encuesta de Condiciones de Vida. En cuanto a la cuantía, el debate está en si es del 80% del IPREM, como otras prestaciones asistenciales (430 euros) o el 100% (537 euros). Combinando ambas cifras, el coste mensual estimado de una prestación de este tipo podría situarse en torno a los 250 millones de euros al mes.

¿Cómo se gestionará?

Esta es otra de las cuestiones a dilucidar. Desde el Gobierno se apunta a que lo lógico es que, como con otras prestaciones de este tipo, aunque la pague el Estado sean los Ayuntamientos los que la den, porque tienen más contacto con las situaciones de vulnerabilidad; esto, señalan estas mismas fuentes, puede dar lugar a importantes desafíos burocráticos para coordinar las maquinarias de todos los niveles de la administración implicados. Está por decidirse también cómo se puede acreditar una situación de falta de ingresos para poder conseguir esta prestación, y -por último- qué organismo estatal se ocupará de liberar los pagos, en un momento en el que los cauces habituales (Servicio Público de Empleo, Tesorería General de la Seguridad Social) están ya a tope de su capacidad tramitando prestaciones y reconociendo ERTEs. Las estimaciones más optimistas calculan que, se apruebe cuando se apruebe la medida, será difícil que los posibles perceptores cobren antes de junio o julio.