El Supremo impone al Gobierno medidas para la protección de los sanitarios

Madrid

El Tribunal Supremo controlará si el Gobierno da suficiente material de protección a los sanitarios que pelean contra el coronavirus. En un auto los jueces rechazan exigir, como pedía el sindicato médico CESM, que provea de este material de forma urgente pero sí requiere a Sanidad "para que adopte todas las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario" y que además "informe quincenalmente ante la propia Sala de las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribición de los mismos entre las comunidades autónomas".

Los jueces de lo contencioso-administrativo contestan así a la petición de medidas cautelares de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), después de haber rechazado hace unos días la petición de medidas cautelarísimas de exigir al Gobierno que entregase material a los sanitarios al no entender que existiera una "inaccción" por parte del ejecutivo central.

Ahora rechaza hacerlo en fase de cautelares pero sí adopta otras medidas: instar al Gobierno a distribuir el material de la forma más eficiente posible y además establecer una rendición de cuentas quincenal ante la sala. Los magistrados entienden que los medios de protección no están llegando a todos los sanitarios "a pesar de las actuaciones desplegadas" por el Gobierno y procede instar a hacer un buen reparto.

Esta circunstancia, además de ser "notorio", es algo conocido por Abogacía del Estado y Fiscalía, que se opusieron a la petición de cautelares. "El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal vienen a reconocerlo a pesar de las medidas adoptadas que constan en los documentos presentados por el representante de la Administración".

"Insuficiencia de medios de protección"

La sala explica que "constando como consta la insuficiencia de medios de protección con que deben contar los profesionales sanitarios a pesar de las actuaciones desplegadas por la Administración", el interés público de proteger a los saintarios "demanda en los momentos excepcionales presentes toda la tutela posible", entendiendo que  es procedente adoptar la medida cautelar de requerir al Ministerio de Sanidad que emprenda de inmediato las actuaciones precisas para superar las carencias apreciadas y hacer realidad el objetivo allí previsto".

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El auto de la sala de lo contencioso-administrativo detalla cómo la Abogacía del Estado ha defendido la actuación del Gobierno ante el Tribunal Supremo: "Antes de la declaración del estado de alarma y después, la Administración y, en especial, el Ministerio de Sanidad han desarrollado una actividad intensa, incesante, diligente, pública y publicada para dotar de medios y productos necesarios para afrontar la crisis sanitaria" y eso "se ha materializado en la búsqueda y adquisición de mascarillas de protección, guantes, gafas, batas sanitarias, geles hidroalcohólicos y soluciones antisépticas, así como ventiladores y respiradores".

La "mejor distribución"

El Tribunal Supremo, tras examinar todas las alegaciones, llega a la conclusión de que no todos los sanitarios españoles están bien protegidos y toma esta medida cautelar aludiendo al artículo 12.4 del Real Decreto del estado de alarma, que expone que las medidas de las autoridades sanitarias "garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria". Esto, cree el Supremo, no ha alcazado "plena efectividad".

En declaraciones a la Cadena SER el portavoz de CESM, Gabriel del Pozo, muestra su satisfacción con la decisión cautelar del alto tribunal. "Estamos encantados con la respuesta del Supremo, en el fondo lo único que estábamos pidiendo es protección para los profesionales y lo que el Supremo nos ha dicho es que protección para los profesionales", dice.