Viernes, 18 de Septiembre de 2020

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La Abogacía acusa a la juez de abrir una causa general con "meras sospechas huérfanas de apoyo"

En un segundo escrito remitido al juzgado 51 de Madrid, la Abogacía del Estado arremete contra el "carácter prospectivo de la investigación"

La Policía Judicial se extralimitó acudiendo al CCAES sin petición de la juez y poniendo las bases para una investigación que excedía a las personas objeto de la causa, asegura

Si el delegado del Gobierno en Madrid hubiera prohibido el 8-M "habría prevaricado"

Imagen de la manifestación del 8-M en Madrid

Imagen de la manifestación del 8-M en Madrid / Getty Images

La Abogacía del Estado presentó el lunes un nuevo recurso ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid en representacón de José Manuel Franco, donde pide archivar la investigación ante la falta de pruebas. En el escrito, la Abogacía lanza duras acusaciones a la juez Carmen Rodríguez-Medel señalando que su intención "no es investigar indicios de delito, sino encontrarlos". "Una búsqueda voraz" de esos indicios, en una causa "donde solo hay meras sospechas huérfanas de apoyo”.

Tampoco se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" ya que el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, actuó correctamente, es más, si hubiera prohibido la marcha de las mujeres, con la información que tenía, habría prevaricado, mantiene la Abogacía..

El escrito, de 74 páginas y al que ha tenido acceso la Cadena SER, lanza duras críticas a los informes de la Guardia Civil que incluyen "14 errores graves" y una lectura “sesgada y parcial” de los documentos emitidos por los organismos internacionales y del ministerio de Sanidad, entre otros. "Inadmisible" señala "que se siembre la duda de ocultación del informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) por parte del CCAES cuando es público”.

O que los agentes "obvien que el 9 de marzo el número de casos nuevos en la Comunidad de Madrid creció un 835% respecto al día 8, al pasar de los 28 casos nuevos el 8 de marzo a los 234 casos nuevos el día 9 y los 346 el día 10. Ese es el dato determinante que hace que el escenario epidemiológico cambie de un día para otro”.

Para la Abogacía del Estado, la Policía judicial se extralimitó acudiendo al CCAES sin petición de la juez "poniendo las bases para una investigación que excedía a las personas objeto de la causa". En este punto, la Policía Judicial “desborda su ámbito de actuación al extenderse a cuestión ajenas a la presente causa, lo que conllevaría la nulidad de esas actuaciones”.

“La Policía Judicial se queja de la tardanza del CCAES en contestar” cuando según la Abogacía del Estado, "en ninguna de las dos reuniones que mantuvieron los agentes con Fernando Simón, le trasladaron la urgencia en las respuestas o de un plazo para las mismas”.

En esta misma línea, es “llamativo que la Policía Judicial cuestione al CCAES y nada diga de la Comunidad de Madrid, que no ha remitido ninguna comunicación mantenida con el departamento de Simón, que éste sí ha trasladado” señala.

Para la Abogacía, los informes elaborados por la Guardia Civil de Tres Cantos entregados a la juez,  adolecen de “total ausencia de fiabilidad, rigor y credibilidad del informe realizado”, por las conclusiones del informe de la Policía Judicial en relación con la toma de declaración a tres responsables de la Iglesia Evangélica en España", ya que los agentes reducen el número de asistentes esperados, omiten que muchos de éstos provenían de países de riesgo, y que se trataba de un evento en un recinto cerrado, la Caja Mágica.

Errores “groseros”

Además, contiene “errores e imprecisiones de los informes que se arrastran de informaciones obtenidas de distintos medios de comunicación, de los que no solo se hace eco el informe, sino que los adopta como fuente”. Y “Copió sesgadamente” una noticia de OK Diario, “obviando información esencial” y “sin contrastarla con la fuente oficial”.

Al margen del flagrante error sobre en qué fecha la OMS declaró la pandemia según la Guardia Civil, “el informe dice que el 28 de febrero Simón afirmó que existía transmisión comunitaria, cuando el director del CCAES dijo lo contrario”.

 

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