Pedro Sánchez evita valorar la imputación de Podemos y expresa su "máximo respeto" por la justicia

Madrid

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han despachado este miércoles en el Palacio de Marivent de Mallorca, en lo que es su primer encuentro oficial tras conocerse la decisión de Juan Carlos I de abandonar España. El presidente ha destacado que "se ha tratado de un despacho ordinario en un tiempo muy complejo como consuencia de la emergencia sanitaria" y que, por ello, en la reunión se ha hablado "de la evolución de la COVID y de la emergencia social y económica derivada de la pandemia".

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Como la reunión se ha producido cuando sigue sin conocerse el paradero actual del monarca emérito y estando aún latente el malestar de Unidas Podemos por las conversaciones entre Zarzuela y Moncloa para gestionar este asunto, la marcha de Juan Carlos ha suscitado diversas preguntas de la prensa. Una vez más, Sánchez ha insistido en que sus conversaciones con el rey "permanecen en la confidencialidad debida" y que el Gobierno y la Jefatura del Estado son "instituciones distintas": "Aquellas cuestiones que tengan que comunicarse sobre ese tema, tendrá que comunicarlas la Casa Real o el propio afectado", ha reiterado.

Pedro Sánchez también ha tenido que responder preguntas sobre la imputación de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, por su financiación. Ha evitado hacer valoración alguna sobre la causa y considera que "la actitud" que siempre ha mantenido desde que es presidente del Gobierno "no se ve afectada". Se ha limitado a decir que "estamos en un Estado social y democrático de derecho y que hay una independencia del poder judicial, y está investigación está en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que nada tienen que ver con la política".

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"Mano tendida" a los ayuntamientos

Por otro lado, el presidente ha defendido el "gran acuerdo" de la FEMP y Hacienda sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas que está generando. En cualquier caso, ha tendido "la mano" a los consistorios para "llegar a acuerdos" ya que considera que los ayuntamientos tienen que ser "parte protagonista" de la reactivación del país tras la pandemia.

Los ayuntamientos del PP encabezan el rechazo a ese acuerdo y se resisten a entregar esas remanentes al Estado para hacer frente a la crisis derivada de la COVID. Mientras, Sánchez ha recordado que "el origen de todo esto es una ley del PP que impedía que los ayuntamientos pudieran incurrir en déficit público, a los remanentes. Este decreto ley no solo permite utilizar hasta 5.000 millones de euros sino que habilita un fondo de compensación a aquellos ayuntamientos que no tienen remanentes y un fondo de compensación por el no uso del transporte público".