Martes, 01 de Diciembre de 2020

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Anticorrupción acusa al exministro de Interior de incumplir la ley de fondos reservados

Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado entregaban los fondos sin control alguno ni justificación "propiciando tanto la financiación de una operación policial ilegal como el enriquecimiento personal de mandos policiales"

El exministro de Interior y miembro del PP, Jorge Fernández Díaz

El exministro de Interior y miembro del PP, Jorge Fernández Díaz / Jesús Hellín (Europa Press)

La Fiscalía acusa a Jorge Fernández Díaz y a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de no ejercer el control que exige la ley sobre la utilización de los fondos reservados, permitiendo "su utilización ilícita" y además "propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal", como el "enriquecimiento personal de altos mandos policiales".

En este sentido, el Ministerio Público relata que la documentación que se remitía a la secretaría de Estado "no se ajustaba a la normativa legal" que regula la gestión de estos fondos desde 1995. Añade que desde la Secretaria de Estado "se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía" desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Además, se entregaban con "periodicidad mensual y por una cuantía fija los fondos" al comisario jefe de la UCAO, el imputado Enrique García Castaño, "sin que estuvieran vinculados a ninguna necesidad operativa concreta y sin que estuvieran justificados por su destinatario".

La ley de 1995 que regula la gestión y uso de los fondos reservados establece que es competencia del ministro del Interior el control del gasto de este dinero público, y por delegación, del secretario de Estado de Seguridad.

Un posible operativo de 15 millones para abortar la Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción también revela en su escrito que en el domicilio de Villarejo ha sido encontrado un presupuesto de 15 millones de euros para supuestamente, conseguir que la justicia anulara el caso Gürtel. El encargo habría sido solicitado por el Partido Popular a través del abogado ya fallecido, Ignacio Peláez. Sin embargo, el Ministean rio Público refleja que no han sido hallados documentos, más allá de ese presupuesto, que prueben que el trabajo efectivamente fue realizado, ni que el Partido Popular acabara pagando todo o al menos parte del encargo a las empresas del comisario jubilado.

Grabaciones de Arenas y Rajoy

Los fiscales reflejan en su informe conversaciones hasta ahora inéditas de Villarejo con sus socios, en las que éste asegura que durante el espionaje a Bárcenas se apoderaron de una grabación realizada por el propio extesorero del PP al exsecretario general, Javier Arenas, y otra a Mariano Rajoy, en la que supuestamente conversaron sobre la caja b del PP.

Esas supuestas conversaciones jamás han sido trasladadas al juzgado y no han podido formar parte de la causa abierta por la financiación ilegal del Partido Popular. Además, el chófer espía de Bárcenas, Sergio Ríos, reveló a Villarejo una conversación que mantuvo con Bárcenas, en la que éste le trasladó que el exministro José María Michavila, le prometió que no le sucedería nada si abandonaba el acta de senador para perder el aforamiento, ser imputado en un juzgado ordinario y no perjudicar al partido.

Según Ríos, Bárcenas le dijo que Michavila le contó que jamás le sucedería nada porque era "el corazón del partido". El extesorero se arrepintió de haber seguido las directrices del exministro. Considera que de no perder el aforamiento, la causa contra él no habría sido tan incisiva.

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