Martes, 24 de Noviembre de 2020

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¿Puede España crear 800 000 empleos en tres años?

Solo se conocen las líneas generales del Plan de Recuperación presentado por el Gobierno de España, así que todavía no se puede cuantificar su impacto en el PIB, ni si permitirá alcanzar los 800 000 empleos prometidos

Oficina de Empleo en Madrid.

Oficina de Empleo en Madrid. / Óscar Cañas - Europa Press (EUROPA PRESS)

El pasado 7 de octubre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“España Puede”) para acceder a los recursos del programa europeo Next Generation UE.

En su comparecencia Sánchez anunció que con la inyección de recursos prevista en el plan (72 000 millones de euros en los próximos tres años; 59 000 de los cuales llegarán vía transferencias del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia) se crearán 800 000 puestos de trabajo.

Cabe plantearse si parece realista dicho objetivo, más aún con el recordatorio (por la coincidencia de la cifra) de la promesa incumplida del gobierno de Felipe González en 1982.

¿Podrán responder los países al estímulo de la UE?

La puesta en marcha de Next Generation EU, junto al resto de las medidas adoptadas por las instituciones europeas para combatir la Covid-19, supone un cambio radical respecto a la medidas adoptadas por Europa durante la crisis financiera de 2008.

En 2020 ha habido un cambio, tanto en la agilidad de la respuesta dada como en el signo, claramente expansivo ahora, de la política adoptada y la cuantía que implica.

Hablamos de 750 000 millones hasta 2026, 390 000 de los cuales son transferencias directas que se añaden al resto de recursos y mecanismos de apoyo aportados vía SURE, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Banco Europeo de Inversiones.

Para los países beneficiarios, esta ingente cantidad de recursos supone retos importantes. El primero de ellos, la capacidad de absorción de esos fondos en un corto periodo de tiempo. Cabe recordar en este sentido que, en los últimos años, España ha mostrado dificultades para presentar proyectos a los fondos europeos asignados.

El segundo reto pasa por la profunda y necesaria transformación estructural a acometer en un corto plazo. Ambos elementos, sin duda, condicionarán la efectividad de las subvenciones reconocidas y, por tanto, la capacidad generadora de empleo.

Crear empleo pero también hacer reformas

La economía española es capaz, sin duda, de generar 800 000 empleos en el plazo de tres años. Basta tener presente que, en promedio, en el periodo 2014-2019 se han creado en España más de 400 000 empleos anuales.

No obstante, los recursos de la UE no pueden destinarse a cualquier tipo de inversión o gasto. Deben adaptarse a las líneas fundamentales marcadas por la Comisión Europea que pasan, fundamentalmente, por la transición ecológica, la digitalización de la economía y una sociedad más inclusiva y cohesionada. Se trata, pues, de una política de oferta más que de expansión de la demanda.

Ello implica la necesidad de implementar reformas estructurales que necesariamente tendrán efectos más a medio y largo plazo que de forma inmediata. El riesgo es que la intensidad de la crisis desatada por la pandemia y la debilidad en la demanda generada por una situación sanitaria no controlada se traduzcan en una pérdida de tejido económico que acabe teniendo efectos nocivos sobre el crecimiento potencial de la economía.

Sostenibilidad, digitalización y cohesión

Es difícil cuantificar el impacto del Plan de Recuperación en términos de PIB y empleo, fundamentalmente porque expone las líneas genéricas de las medidas pero no una concreción suficiente. Sí que sabemos, no obstante, que el 37% se destinará a inversión verde y un 33% a la transición digital.

Una parte significativa de estos recursos se destinarán a infraestructuras y este es uno de los sectores de la economía con mayor capacidad de arrastre de otras actividades económicas y, por tanto, mayor efecto multiplicador.

Además, con estas infraestructuras lo que se busca es (entre otros):

  • Mejorar la sostenibilidad medioambiental.

  • Potenciar la transición digital.

  • Lograr mayor cohesión social y territorial.

Estas actividades tienen mayor valor añadido y generan empleo de mejor calidad que otras ramas de la construcción.

Crear 800 000 empleos implica coordinación y mejor legislación laboral

Los recursos aportados por la UE vía transferencias tienen un papel esencial sobre todo en aquellos países –como España– con niveles de renta per cápita inferiores a la media y niveles elevados de deuda pública (véase BBVA 2020). Que ello se traduzca finalmente en la creación o no de 800 000 puestos de trabajo en los próximos años vendrá condicionado por:

  1. La capacidad de generar y gestionar proyectos para absorber esos 72 000 millones en poco tiempo. Para ello debe contarse con la iniciativa privada pero también con la capacidad de planificación y ejecución de la Administración pública. La coordinación entre los diversos niveles de administración, la reducción de trabas administrativas, la agilidad en la gestión de proyectos y en la supervisión y evaluación de los mismos, son aspectos básicos para lograr acceder a estos fondos. Pero la economía española muestra claras deficiencias en el manejo óptimo de todos ellos, como puso de manifiesto la experiencia de ejecución de los fondos europeos del último marco financiero plurianual 2014-2020. En 2019 tan solo se había ejecutado un tercio de los 56 000 millones disponibles. Se necesita, pues, una reforma en profundidad y con la agilidad necesaria para poder presentar proyectos en el corto período de tiempo establecido.

  2. La capacidad de garantizar la creación de empleo estable y de calidad. España debe afrontar una reforma en profundidad de las modalidades de contratación que ponga fin a la distorsión que supone la dualidad existente en el mercado de trabajo. El elevado, e injustificado, uso de los contratos temporales supone la vía de flexibilidad mayoritariamente utilizada por las empresas para hacer frente a cambios en el ciclo económico. Ello aboca a nuestra economía a una elevada destrucción de empleo y al aumento de la tasa de paro en periodos recesivos. Sería conveniente, en este sentido, una mayor concreción de este aspecto laboral en el Plan presentado, más allá de las generalidades contempladas en el área 8 del mismo, tanto en lo referente a la temporalidad como a las políticas activas.

Estas dos condiciones son fundamentales: primero, para acceder a los recursos, puesto que no se trata de cheques en blanco, y, segundo, para que los puestos de trabajo que se creen sean de calidad. No desaprovechemos esta oportunidad.

Gemma Garcia Brosa, Profesora de Economía Aplicada, Universitat de Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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