El Defensor del Pueblo investiga la falta de asistencia jurídica a inmigrantes llegados a la costa de Canarias
La institución que dirige Fernández Marugán, investiga las denuncias sobre la falta de garantías en la asistencia
El campamento de emergencia para inmigrantes del puerto de Arguineguín. / Elvira Urquijo A. (EFE)
Madrid
El Defensor del Pueblo, la institución que dirige Francisco Fernández Marugán, investiga ya las denuncias sobre la falta de garantías en la asistencia jurídica los migrantes que están llegando a Canarias en los últimos meses. Según han confirmado a la SER fuentes del Defensor del Pueblo, han recibido numerosas quejas de abogados particulares y del Colegio de Las Palmas denunciando las trabas que les pone la Policía Nacional para acceder a lugares como el muelle de Arguineguín, lo que está provocando que muchos letrados estén firmando órdenes de expulsión en comisaría sin haber contactado jamás con el inmigrante en cuestión.
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Después de la noticia adelantada por la SER en la que se constata que mayoría de los inmigrantes que llegan a Canarias en las últimas semanas no reciben asistencia jurídica, Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado este miércoles que España, con estas prácticas, está generando una clara indefensión jurídica y reclaman a Interior que se habilite un espacio adecuado para estas personas.
En su comunicado, la ONG Amnistía Internacional denuncia una "asistencia letrada adecuada". La organización ha alertado de esta "grave vulneración del derecho internacional", que, según afirma, se puede estar cometiendo en el muelle de Arguineguín, donde han pernoctado casi 2.000 africanos. Además de advertir de que esta práctica también contraviene la ley española de extranjería, Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto que, consecuentemente, "cientos de personas podrían enfrentarse a una devolución sin tener la oportunidad de pedir asilo".
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), también han insistido en estas reclamaciones. CEAR ha mostrado su preocupación por la reciente reactivación de los vuelos de repatriación a Mauritania y ha alertado de la "clara indefensión jurídica" que sufren los migrantes llegados a Canarias. Ante este escenario, la ONG reclama que se habilite un espacio adecuado para que, tal como establece la normativa, las personas migrantes puedan ser atendidas por sus abogados en las primeras 72 horas y se les ofrezca información completa, garantizando su comprensión a través de intérpretes de un idioma que comprenda, tal y como reclama el Colegio de Abogados de Las Palmas.
"Es fundamental que cualquier persona que llegue a nuestro país tenga garantizado el acceso a la asistencia letrada, cuente con información sobre la posibilidad de solicitar asilo y si se inicia un proceso de devolución, éste cuente con todas las garantías", ha explicado el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.
