El Gobierno niega "concesión" a los presos del 'procés' por tramitar sus indultos

Madrid

El Gobierno ha contestado a Vox, reiterando la necesidad de reformar los delitos de sedición y rebelión, al tiempo que ha asegurado que "no existe ninguna concesión a los condenados por el procés" por tramitar las solicitudes de indulto.

Vox acusó en el Congreso de los Diputados al Gobierno de usar ambos asuntos como "moneda de cambio" y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, ha respondido que “no” al tiempo que insiste en que el Ministerio de Justicia tiene la "obligación legal" de tramitar todas las solicitudes de indulto que le lleguen --que cifra en una media de 2.000 al año-- "sea quien sea quien las plantea", asegurando que en este caso se están tramitando conforme al procedimiento habitual.

Una presunción infundada

Justicia precisa que "plantear que los indultos a los condenados por la sentencia del 'procés' se pueden utilizar como 'moneda de cambio' parte de una presunción completamente infundada de que se van a conceder indultos por circunstancias ajenas a las que presenta cada expediente de indulto, cuando, de acuerdo con la Ley de 18 de junio de 1870, para los acuerdos de concesión de indulto, el Gobierno valora diversas razones de 'justicia, equidad y utilidad pública'".

Reforma de sedición

En cuanto a la reforma los delitos de sedición y rebelión, ha incidido en que "la realidad ha cambiado y es necesario adecuar el Código Penal a la misma, de igual forma que se ha hecho en estos años con otros tipos de delictivos", recordando que en el caso de estos dos ilícitos "no se han reformado en 200 años, solo se cambió su ubicación sistemática pero no se tocó ni el sentido ni la proporcionalidad de los mismos".

Además, el Gobierno ha apuntado que "la doctrina penal es unánime sobre la necesidad de modificación de estos delitos". "Es más, en el derecho comparado (Italia, Francia o Alemania) se recogen estos delitos de una manera muy diferente", ha señalado.

Modificación de código penal

Asimismo, ha aseverado que "los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del derecho penal, como son los de intervención mínima, taxatividad, proporcionalidad y legalidad, basados en las necesidades de una sociedad democrática".

"En cualquier caso", ha afirmado, "el Gobierno apuesta por reunir el máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social y que cuando esos valores y principios cambian debe también cambiar la propia norma, tal y como recoge la Exposición de Motivos del mismo Código Penal".