Condena firme de 20 años de cárcel para la sanitaria de Alcalá que mató a una anciana

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de 20 años de cárcel impuesta a una enfermera del hospital Príncipe de Asturias, de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, por matar a una anciana que estaba ingresada en el centro. La Fiscalía llegó a acusar a esta sanitaria de varias muertes en el mismo hospital, siendo finalmente condenada por una de ellas y la Comunidad de Madrid declarada responsable civil subsidiaria al haber ocurrido los hechos en un hospital público de la red sanitaria regional.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2017, cuando Beatriz L.D trabajaba en el hospital como auxiliar de clínica. La mujer, según declara probado la Justicia en firme, introdujo gas en su sistema circulatorio "con el ánimo de causar la muerte" a la anciana, que además padecía discapacidad visual. Unos días antes, un nonagenario enfermo de Alzheimer falleció por otra embolia gaseosa masiva aunque no ha sido condenada por esta otra muerte.

Fue considerada culpable en primera instancia por un jurado popular y el Tribunal Supremo, con el magistrado Julián Sánchez Melgar como ponente, ha decidido confirmar su condena de 20 años de prisión por un delito de asesinato. Según el alto tribunal la sanitaria “realizó los hechos aprovechando su condición de personal sanitario y la confianza generada, impidiendo así la defensa" de la víctima. Además, "la indefensión de la fallecida se deriva de su edad, estado de salud y dependencia, y por presentar una discapacidad visual”.

La sentencia del Supremo también declara firme la obligación de la condenada de indemnizar a dos familiares de la anciana asesinada con más de 40.000 euros. La Comunidad de Madrid es declarada responsable civil subsidiaria a través de su Servicio Madrileño de Salud al ser un hospital público.

Varias muertes sospechosas

El Supremo recuerda cómo empezó la investigación: cuando la Policía, con autorización judicial, decidió vigilar los pasillos del hospital de Alcalá de Henares para investigar varias muertes de origen desconocido en el centro. Una medida, con cámaras ocultas, que avalan los jueces: esto "no solamente es que produzca, como es lógico, una evidente alarma para la ciudadanía, sino la perpetración de muy graves delitos que han de ser investigados".

Esta investigación, dice el Supremo, se tenía que llevar a cabo "por todos los medios legítimos al alcance de las autoridades dedicadas a su esclarecimiento". En un primer momento la acusada fue llevada al banquillo por dos muertes pero finalmente sólo condenada por una de ellas. Unos día antes del fallecimiento de la segunda víctima un hombre de 92 años enfermo de Alzheimer murió en circunstancias similares.

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En este caso, finalizan los jueces, "la autoridad judicial valoró todas esas circunstancias para autorizar la colocación de cámaras ocultas, sin aviso de su existencia, lo que procede aquí ratificar confirmando su legitimidad institucional".