El Supremo establece que los Franco no son un "grupo minoritario necesitado de especial protección"

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa abierta contra Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso de los Diputados, por participar en una protesta en el Pazo de Meirás en el verano de 2017. Los jueces descartan, entre otras cosas, que incurriera en un delito de odio por pedir que dejara de ser propiedad de los Franco y explica que los querellantes - un descendiente del dictador y la Fundación Franco - no pertenecen a "un grupo minoritario necesitado de especial protección".

La protesta tuvo lugar el 30 de agosto de 2017 en el Pazo cuando la Justicia aún no había determinado que es propiedad del Estado y no de la familia del dictador. Varias decenas de activistas irrumpieron en el Pazo, donde se estaban realizando además visitas guiadas, gritando contra la presencia de los Franco y llevando y colgando pancartas con mensajes como "O pazo é do Pobo Galego. Franquismo nunca máis" o "Que nos devolvan o roubado. Franquismo nunca máis", una de ellas en el torreón.

Muchos de ellos siguen pendientes de juicio en Galicia pero el caso de Rego llegó a la sala de lo penal del Supremo por su aforamiento como parlamentario de la cámara baja, acusado por los Franco de un delito de daños, uno de allanamiento de morada, otro contra el honor y finalmente uno de odio por los mensajes de las pancartas. Es aquí donde el juez Andrés Palomo zanja que "no se identifica grupo minoritario necesitado de especial protección al que pertenezcan los querellantes cuando se sienten destinatarios de las pancartas exhibidas en día de autos".

De la misma manera también descarta que hablar de que el Pazo ha sido "robado" en una de las pancartas sea delictivo. "Es una expresión coloquial, que no atribuye a persona concreta de manera precisa y determinada la comisión de un delito", siendo además un mensaje que "debe ser contextualizado" en el marco del litigio que recientemente ha declarado que el Pazo de Meirás es del Estado y no de la familia del dictador Francisco Franco.

Ni allanamiento ni daños

El auto de la sala de lo penal descarta igualmente que se le deba investigar por un delito de allanamiento, teniendo en cuenta que en esa zona no vivía la familia y que además en ese momento había una visita guiada. "En aquellos momentos, en horas de visita, las zonas comunes o de paso, no resultaban aptas al desenvolvimiento de la intimidad familiar; y en todo caso, ningún indicio permite afirmar la intrusión en dormitorios del pazo". Rego, en todo caso, sólo accedió al Torreón.

Tampoco se le atribuye un delito de daños por los desperfectos supuestamente causados en unas planchas de zinc en el ascenso al torreón. "Las dobleces, pequeñas roturas y desengarces que aparecen en las chapas no presentan una destrucción generalizada ni propia de contundentes golpes (...) sino más propias de algún discurrir descuidado por las mismas". No hay pruebas de quién pudo causar esos pequeños desperfectos.

El Pazo de Meirás

En los últimos años la situación del Pazo de Meirás ha cambiado. Primero fue la jueza Marta Canales la que estableció en una sentencia que el Pazo era propiedad del Estado y no de la familia del dictador, decisión confirmada recientemente por la Audiencia Provincial de A Coruña y con la magistrada entregando las llaves a la Abogacía del Estado. El caso terminará ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo: los Franco insisten en ser los dueños del Pazo y el Estado rechaza que hayan asumido la buena fe de la familia, pidiendo que no tengan que ser indemnizados.

Las protestas contra la presencia de los Franco en el Pazo de Meirás y otras propiedades han sido objeto de protestas durante años en Galicia, y eso también se ha traducido en causas por la vía penal como la de Rego. Casi una veintena de activistas y miembros del BNG están a la espera de juicio por esta misma ocupación simbólica del verano de 2017, con la familia y seguidores del dictador pidiendo más de diez años de cárcel para alguno de ellos.

Una acción similar ha costado una condena a una multa a varios activistas que un mes más tarde protestaron desde el balcón de Casa Cornide, en A Coruña, reclamando también que el palacete volviera a manos de las administraciones públicas, según aseguran ellos en su blog.