El Tribunal de Cuentas avisa a las Cortes de que el mandato de los consejeros caduca en julio
El organismo fiscalizador deberá iniciar su renovación este verano ya que caduca el mandato de nueve años de los consejeros
Se suma así a los órganos que tienen pendiente su renovación con el bloqueo del PP: el CGPJ, el Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos
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Puerta de entrada a la sede principal del Tribunal de Cuentas en MadridEFE
Comienza la cuenta atrás para abrir el proceso de renovación de los consejeros del Tribunal de Cuentas. La presidenta del organismo, María José de la Fuente, en cumplimiento de la Ley de Funcionamiento Interno, ha remitido un escrito al Congreso y al Senado informando de que el mandato concluye el próximo mes de julio, ya que los consejeros, con un periodo vigente de nueve años, tomaron posesión el pasado 21 de julio de 2012.
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La comunicación es un mero procedimiento reglado que tiene que ser transmitido a las Cortes Generales cuatro meses antes del límite del mandato pero que anticipa otro órgano constitucional que se puede sumar a la lista de los ya bloqueados por el PP, ya que también requerirá del entendimiento con el Gobierno para desbloquear los nombramientos, según apuntan fuentes del organismo.
Bloqueo parcial
En la actualidad ya sufre un bloqueo parcial desde hace más de dos años y medio que ha descompensado la mayoría a favor de los conservadores. El pleno del Tribunal de Cuentas cuenta con 12 consejeros, de los que ahora siete son conservadores a propuesta del PP y cuatro, progresistas. En enero de 2018, el consejero Lluís Armet renunció al cargo por motivos personales y dejó su asiento en el Departamento Cuarto de la Sección de Fiscalización.
Desde entonces, los conservadores no han renovado ese puesto y el tribunal tiene una mayoría de derechas que fuentes del tribunal califican de 'anómala'.
Renovación cada tres años
La presidencia del Tribunal se va renovando cada tres años y comenzó con Ramón Álvarez de Miranda. En este caso, no ha habido bloqueo por el consenso habitual del bloque conservador.
Fiscalizaciones pendientes
Una vez concluya el mandato de los consejeros en julio seguirán en marcha fiscalizaciones relevantes incluidas en el programa 2021. Entre ellas, la que analizará la contratación del Estado durante la pandemia. Entre otras gestiones vinculadas al COVID-19, el tribunal fiscalizará las residencias de mayores, los ERTE, los contratos de urgencia durante el estado de alarma del sector público y los créditos ICO, entre otras actuaciones "de impacto social" aprobadas en el Programa 2021.
Un informe clave que dirige el consejero a propuesta del PP, Manuel Aznar López.
