El Supremo confirma una sanción a un histórico de Coalición Canaria por una 'puerta giratoria' ilegal

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la sanción de cinco años impuesta al histórico dirigente de Coalición Canaria, Ricardo Melchior Navarro, por ocultar que había fichado por una empresa sobre la que había tomado decisiones cuando meses antes presidía la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Los jueces de lo contencioso "no podía desconocer que la Ley" prohíbe este tipo de puertas giratorias sin pedir autorización y confirma la sanción del Consejo de Ministros que le prohíbe ser alto cargo público durante cinco años.

Melchior, que entre otros cargos públicos fue presidente del Cabildo de Tenerife hasta 2013, fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria por el ejecutivo de Fernando Clavijo en septiembre de 2015, ostentando el cargo hasta agosto de 2018. Unos meses después de asegurar que se jubilaba, en abril de 2019, fichaba como directivo de la Fundación Loro Parque, empresa que gestiona un parque temático en Tenerife, hasta septiembre de ese año con un sueldo de 40.000 euros anuales.

Para entonces la Oficina de Conflicto de Intereses ya tenía la lupa puestas sobre la posible incompatibilidad. En su último año como presidente de la Autoridad Portuaria, Melchior había dado autorizaciones administrativas a la empresa para un local y para colocar un cartel publicitario en el muelle de enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La Ley de altos cargos de 2015 explicita en su artículo 15.1 que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, según ha podido saber la Cadena SER, acaba de confirmar la sanción que le impuso el Consejo de Ministros pocos meses después: cinco años sin poder ser cargo público. Los jueces recuerdan a Melchior - actualmente imputado por la vía penal - que "no podía desconocer que la Ley le exigía presentar esas declaraciones dentro de los tres meses siguientes a su cese, ni que le exigía comunicar previamente a la Oficina de Conflictos de Intereses que pretendía incorporarse a Loro Parque Fundación como directivo".

No desaparece la infracción

En su recurso, el expolítico de Coalición Canaria cargaba tanto contra el proceso inicial de sanción como contra la decisión tomada en última instancia por el Consejo de Ministros, asegurando por ejemplo que dejó el cargo en la Fundación Loro Parque en septiembre de 2019. Según el Supremo, su renuncia al puesto de directivo "no supuso que desapareciera la infracción pues ya la había cometido, tal como explica el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido que, por tanto, no incurre en ninguna incongruencia omisiva".

Melchior, asegura el Supremo, tenía además obligación de saber que no podía aceptar un trabajo en una empresa afectada por sus decisiones como alto cargo público. "El artículo 10.1 le obligaba, al asumir el alto cargo, a tomar conocimiento de las obligaciones que comporta por no recordar que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento", zanjan los jueces con el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva como ponente.