El Supremo archiva la querella de Vox contra el Gobierno por el rescate de Plus Ultra

Madrid

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella que Vox interpuso contra el presidente del Gobierno y las ministras de Hacienda e Industria por el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra con más de 50 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Los jueces rechazan la querella y recuerdan al partido ultraderechista que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal".

El partido que lidera Santiago Abascal acusaba a los tres miembros del ejecutivo central de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y el Supremo, sin entrar a valorar las acusaciones contra personas no aforadas como los responsables de la SEPI, reprocha que hayan presentado una querella basándose en lo publicado en medios de comunicación sin ningún tipo de explicación adicional.

Los jueces rechazan la querella e incluso critican que Vox haya llevado una confrontación política ante la sala segunda. "La legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno, que deberá reservarse para depurar la responsabilidad penal previa constatación de los precisos indicios que justifiquen la actuación de la jurisdicción".

Desde hace varios meses un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid investiga entre otros si el expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y otros miembros del Consejo de Administración, cometieron alguno de estos delitos en relación con esta intervención económica aunque en ese caso la querella fue interpuesta por Manos Limpias, cuyo líder Miguel Bernard está a la espera de sentencia en la Audiencia Nacional por el conocido como 'caso Nelson'.

"Carente de solvencia"

El auto del Tribunal Supremo, que ha tenido como ponente al magistrado Andrés Martínez Arrieta, reprocha que Vox en su querella esté "realizando una imputación carente de solvencia indiciaria, a salvo de la mera transcripción y reproducción de noticias de prensa" asegurando que aunque las noticias son "legítimas en la función que desarrollan, son insuficientes para la incoación de una causa penal y la adquisición de la situación procesal de investigado en un proceso penal".

Reconoce el auto que "los hechos, relacionados por distintos medios de comunicación social, son relevantes, en el sentido penal del término, y podrían ser investigados por los órganos encargados de ello" pero "la imputación indiciaria a una persona, aforada ante esta Sala, requiere que existan indicios sólidos de la existencia y de un delito y de la intervención del aforado".