Sábado, 23 de Octubre de 2021

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Operación Kitchen

El inspector Morocho implica a Fernández Díaz en el intento de apartarle de la investigación al PP

Afirma ante el juez que el ministro del Interior llamó durante el encuentro en el que le propusieron un destino a Lisboa, interesándose por si aceptaba la oferta. El principal investigador de la Gürtel y la caja b del PP revela presiones para que en sus informes no aparecieran Rajoy, Cospedal, Arenas o Ana Mato, y amenazas de sus superiores: "Tú qué haces aquí, tendrías que estar muerto"

Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo

Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo / Getty Images

La declaración de este martes ante el juez del inspector de la Policía Nacional con el número 81.067, Manuel Morocho Tapia, cuyos informes sobre la Gürtel y la caja b del PP han sido decisivos en las distintas condenas, ha “helado la sangre” y revelado que la Kitchen "se conducía como la mafia italiana", según fuentes de la investigación presentes en el interrogatorio.

Morocho ha manifestado que quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Luis Olivera, le citó para proponerle un nuevo destino como agregado de Interior en Lisboa, con un considerable incremento del sueldo, con el objetivo de apartarle de la investigación al Partido Popular.

Mientras conversaban, el inspector Morocho ha dicho que Olivera recibió una llamada a su teléfono, que éste identificó como "el ministro" Jorge Fernández Díaz. El jefe de la UDEF respondió al teléfono con un "estamos en ello" y después le trasladó a Morocho que observará la "importancia" que tenía, que hasta un ministro telefoneaba para interesarse por su destino. Este hecho, además de confirmar que la anotación en la agenda de Villarejo respecto a que pretendían despacharle a Lisboa es cierta, implica de forma directa al ministro del Interior en la operación, a juicio de los investigadores.

Como la oferta a Morocho fracasó, le propusieron otros jugosos destinos como agregado en Naciones Unidas, Viena o un curso del FBI en Quantico (Virginia). Los rechazó todos por concluir su deber de auxilio judicial en los casos de la caja b y Gürtel. Solo cuando finalizó las investigaciones, aceptó practicar el cursillo en Estados Unidos.

Presiones para no implicar a Rajoy o Cospedal

La declaración del agente ha sido esclarecedora. Ha declarado ante el juez amenazas y presiones de sus superiores para no citar en sus informes a Rajoy, Arenas, Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro o Ana Mato, o para descartar que hubiera caja b en el PP. La consigna que intentaron que transmitiera al juez es que "de haber algo era cosa de Bárcenas y no del PP". Justo el argumento empleado por la formación conservadora en su defensa.

Los intentos de influir en sus informes para proteger al PP fueron tales, que llegaron a retrasar un año la entrega del documento clave sobre la implicación del exsenador Jesús Sepúlveda y su esposa, la exministra Ana Mato, sobre los regalos que percibieron de la trama y su implicación en el procedimiento, que ha concluido con su condena, según Manuel Morocho.

Espiaban sus movimientos

El agente ha manifestado que estaba "monitorizado" por la policía política, y que cuando le trasladaron a la Dirección Adjunta Operativa, en otro intento por sobrecargarle de trabajo y que no pudiera ayudar en la resolución de las causas del PP, el entonces DAO, Eugenio Pino, le presentó un día a otro de los principales implicados, el comisario principal, Enrique García Castaño, quien le espetó: "Tú qué haces aquí, tendrías que estar muerto". Sorprendido, el juez le ha repreguntado si esas fueron las palabras, y el inspector Morocho ha vuelto a repetir la frase.

El inspector 81.067 ha dicho además que le "colocaron" cerca al agente Andrés Gómez Gordo, el policía de confianza de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que estaba convencido de que "revisaba" sus informes al juzgado. También ha admitido presiones de sus superiores para que no vinculara la donación de dinero negro de empresarios al PP con la obtención de adjudicaciones públicas.

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