Viernes, 22 de Octubre de 2021

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Trabajo y sindicatos negocian con Hacienda para evitar el despido de 1.000 interinos

Los ceses, previstos para el 30 de junio, dejarían al Servicio Público de Empleo sin un 13% de su plantilla, lo que afectaría al ciudadano, según las centrales

Varias personas esperan en las inmediaciones de una oficina del SEPE.

Varias personas esperan en las inmediaciones de una oficina del SEPE. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo (Europa Press)

1.135 interinos que desarrollan su labor en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están a punto de quedarse sin trabajo, por una decisión adoptada el día 22 de junio por los ministerios de Hacienda y Función Pública que dejaría sentir sus efectos dentro de pocos días, el 30. Sindicatos y el propio ministerio de Trabajo están tratando de negociar para evitar ese desenlace, que dejaría al SEPE sin un 13% de su plantilla (que consta ahora de unos 8.300 trabajadores) en un momento todavía de sobrecarga de trabajo por los efectos económicos de la pandemia, y con las vacaciones de verano a las puertas.

Entre esos 1.135 interinos hay 500 contratados a partir de septiembre pasado para reforzar las plantillas por los efectos del covid, y otros 635 pertenecientes a un programa que caduca y que podrían ser repescados, pero no antes del final del verano. A estos ceses inminentes, se sumarán en los próximos meses otros 1.000: 500 a finales de septiembre, y 500 a finales de diciembre, en ambos casos de los contratados para reforzar la plantilla por la pandemia.

Efectos sobre el ciudadano: posible cierre de oficinas

Los sindicatos argumentan que estos despidos masivos van a acabar afectando a los ciudadanos, por producirse sobre plantillas ya muy mermadas, cargadas de trabajo y afectadas por la pandemia y los dos ciberataques sufridos en 2021 por el ministerio de Trabajo.

"Vamos a tener que elegir entre reconocimiento de las prestaciones y mantener los periodos de actividad para los ERTE, y atender a la gente. Va a haber que cerrar oficinas, no como medida de presión, sino porque no tenemos gente para abrirla", explica Françoise Calvo, de UGT. "Habría que cerrar un número nada despreciable de centros de trabajo por falta de efectivos; además, habrá retrasos importantes en el reconocimiento de prestaciones y una rebaja de calidad del servicio" coincide Josetxo Gándara, de CCOO.

Los sindicatos estudian movilizaciones, pero de momento las han dejado aparcadas a la espera de que den fruto sus esfuerzos negociadores, y también los del ministerio de Trabajo con los departamentos de Función Pública y Hacienda, de quienes depende la decisión.

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