La nueva ley de Memoria Democrática actualizará los contenidos sobre la Guerra Civil y el franquismo

Madrid

La nueva ley de memoria democrática, que sustituirá a la de memoria histórica del año 2007, será aprobada el próximo martes por el Consejo de Ministros tras aplazarse la semana pasada por el cambio de Gobierno.

La ley era hasta entonces responsabilidad de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y ahora del ministro de la Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que se encargará de presentarla en la reunión del Gobierno.

En primer plano

La norma pretende, según el Ejecutivo, "situar en primer plano a las víctimas de la guerra civil y la dictadura". Hay medidas específicas de reconocimiento y reparación: se fijan, por ejemplo, dos días oficiales para la memoria que serán el 31 de octubre de recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo para las del exilio.

También pone en valor el papel del movimiento memorialista durante estos años y plantea reconocer el trabajo de mujeres en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales.

Secundaria, Bachillerato y FP

La ley establece la actualización de los contenidos educativos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En 2014 el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba en su informe sobre España que "algunos libros de texto" continuaban refiriéndose a la Guerra Civil "en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica".

El Ministerio de Educación tiene en marcha una reforma del currículo educativo. En anteproyecto de ley, que se presentó en septiembre, incluía también cambios en estos contenidos en la formación del profesorado. El punto 2 del artículo 45 de ese anteproyecto establecía que "las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática".

Acceso a los archivos históricos

Además, se pretende facilitar el acceso a los archivos históricos para la investigación y divulgación desde 1936 hasta 1978. Para hacerlo se establece la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática y la declaración de Lugar de Memoria el Centro Documental de Memoria Democrática con sede en Salamanca.

A la espera de conocer el texto definitivo que apruebe el Consejo de Ministros, tras los informes de los órganos consultivos, el anteproyecto de septiembre de 2020 incluía importantes modificaciones con respecto a la ley de memoria histórica de 2007.

Multas de hasta 150.000 euros

Se establece por primera vez un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves entre las que se incluyen trasladar restos de víctimas de la Guerra Civil sin autorización, destruir fosas comunes, lugares de memoria y homenaje y los "actos de exaltación" del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas.

El Gobierno se marca como objetivo que sea el Estado el que suma las tareas de exhumación de fosas involucrando a las distintas administraciones. Aunque, al menos en un primer momento, se mantendrá el actual sistema de subvenciones lo que ha provocado las críticas de asociaciones de víctimas. Para facilitar la identificación se plantea la creación de un banco de ADN y una fiscalía especial en el Tribunal Supremo para atender la búsqueda de desaparecidos.

El Valle de los Caídos

El anteproyecto de ley también recogía en uno de sus artículos la resignificación del Valle de los Caídos "destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos". Se extinguiría la actual Fundación de la Santa Cruz, que da a los benedictinos la custodia del monumento, y "mediante real decreto se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial".

La vicepresidenta Calvo explicó en su día que a presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos es "incompatible" con la resignificación del lugar.

Interés general

Otro de los puntos era la extinción de fundaciones "que no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera contrario al interés general la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales". Un artículo en el que encajaría la Fundación Francisco Franco aunque el CGPJ puso pegas y en su informe sobre la ley advirtió que reconocer como causa de ilegalidad que una fundación ensalce el franquismo o al dictador sin que exista una humillación a las víctimas podría vulnerar la libertad de expresión.

Tras su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros este martes, cuando conoceremos las posibles modificaciones al anteproyecto, la ley podrá iniciar su tramitación parlamentaria donde se encontrará con la previsible oposición frontal del Partido Popular de Vox.