Política
Funcionarios interinos

El Gobierno logra aprobar por la mínima el decreto de interinos añadiendo propuestas de UP y ERC

Los temporales de la Administración de larga duración no tendrán que aprobar oposición para conseguir la plaza

Pleno del Congreso. / Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Madrid

Se anticipaba una votación muy justa en el Congreso, y ha sido justísima: tanto, que ha habido que repetirla por empate a 170. En la segunda votación, el “no” al Real Decreto Ley que regula los procesos de estabilización de empleo de los interinos ha perdido un voto, y así, por la mínima, la norma podrá seguir su tramitación parlamentaria. Para lograr este resultado ha sido necesaria una noche y una mañana de contactos que finalmente han fructificado en un pacto PSOE-Unidas Podemos-ERC por el que se facilitan las condiciones a los interinos de la administración para conseguir plaza y convertirse en funcionarios.

Las modificaciones al texto acordado a comienzos de mes por el Ministerio de Función Pública y los sindicatos se incluirán en la norma durante su tramitación como proyecto de ley que —según el pacto PSOE-UP-ERC— debería culminar en octubre. Se ha acordado que los interinos que lleven más de 10 años en una plaza que no haya salido a concurso en esa década podrán ocuparla como funcionarios sin necesidad de pasar por un proceso selectivo.

También se deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de que, en los procesos de estabilización (que han de hacerse mediante la fórmula de concurso-oposición), la parte de oposición no sea eliminatoria.

También se organizarán las pruebas selectivas de forma que las comunidades autónomas tengan más papel en su diseño y se puedan organizar “procesos concomitantes para que los que concursan a una plaza lo puedan hacer en su comunidad autónoma de referencia”, en palabras de María Jesús Montero, en la que era su primera intervención parlamentaria en materia de Función Pública desde que asumiese esta cartera en la remodelación de Gobierno de este mismo mes. La mayoría de la oposición ha criticado al Gobierno por la forma de tramitar esta norma: sin diálogo con los grupos políticos y utilizando la fórmula del Real Decreto-Ley.

 
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