El juez cerró la investigación sobre el teléfono de Rajoy cuando aún faltaban diligencias por practicar
La policía todavía debía recibir dos comunicaciones de las compañías telefónicas sobre la titularidad y el carácter de las líneas solicitadas
Fuentes jurídicas explican que la causa fue clausurada porque era imposible obtener pruebas de que Rajoy se comunicó con Villarejo y continuar las pesquisas suponía un "esfuerzo inútil"
El teléfono atribuido a Rajoy pertenecía al PP y el periodo de alta coincidió con su etapa como presidente, según documentación a la que ha accedido la SER
El documento al que ha tenido acceso la SER / Cadena SER
Madrid
El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dio por cerrada la investigación sobre el supuesto intercambio de mensajes entre el comisario Villarejo y el teléfono atribuido a Mariano Rajoy a pesar de que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en un informe al que ha tenido acceso a la Cadena SER, le comunicaron que aún estaban pendientes de recibir distinta información sobre los teléfonos bajo sospecha, por parte de las compañías encargadas.
En concreto, en ese informe fechado el 26 de julio de 2021, tres días antes de que el juez diera por concluida la causa, los policías le informan de que están esperando a que las empresas titulares de las líneas telefónicas les comuniquen si los teléfonos habían operado durante los años objeto de investigación como oficiales o corporativos, y la titularidad de dos de los tres números en cuestión.
Los policías informan que la compañía telefónica sí que ha comunicado que el tercer número, terminado en 10, pertenecía al Partido Popular, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018. Ese periodo coincide prácticamente cono el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno. Fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011 y cesó el 1 de junio de 2018. Dimitió como presidente del PP el 5 de julio de ese mismo año. Siete días después, dieron de baja al teléfono.
Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER afirman que el juzgado decidió cerrar la causa a pesar de este informe porque las compañías habían comunicado verbalmente a los agentes que no guardan ningún dato sobre el registro de llamadas o mensajes pasado un año desde su realización. Sin ese registro, según las mismas fuentes, iba a ser "imposible" probar que el expresidente pidió información a Villarejo sobre los avances de la Kitchen y la investigación estaba destinada al fracaso.
La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez que no quiera investigar este aspecto de la causa y ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque el auto y poder preguntar al PP a quién correspondía ese teléfono móvil bajo sospecha. Anticorrupción critica que el magistrado "parece que ha establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".
