La detención de Puigdemont obligará al Tribunal Europeo de Luxemburgo a definirse sobre su inmunidad

Madrid

El futuro de Carles Puigdemont vuelve a depender de la posición de los jueces del Tribunal Europeo de Luxemburgo.

El auto que el tribunal emitió el 30 de julio precisa que "el procedimiento penal ha sido suspendido" tras la presentación de la pregunta de las autoridades españolas, que deseaban saber si un tribunal de Bélgica podía rechazar una Euroorden.

El párrafo 52 del auto judicial sostiene que plantear esa pregunta implica la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal Europeo se pronuncie.

El siguiente párrafo del mismo auto añade que como la cuestión afecta a la ejecución de las Euroórdenes, "puede interpretarse que la suspensión del procedimiento penal -nacional-, implica la suspensión de los mandatos de arresto europeos".

Esta opción, según el auto, ha sido expresamente confirmada por las autoridades españolas que han "indicado que su demanda implicaba la suspensión de las órdenes de arresto contra los afectados y la suspensión de todo procedimiento de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciado", según establece el párrafo 54 del auto.

A partir de aquí, el Tribunal concluye que no hay razón para pensar que "las autoridades belgas o las de cualquier otro estado de la UE podrían ejecutar la Euroorden contra los afectados y ponerlos a disposición de las autoridades españolas". Por ello, sostiene el auto, "el juez desestima la inmunidad, puesto que no ve ningún tipo de riesgo de detención para Puigdemont".

El Tribunal abre la posibilidad de volver a pronunciarse "si después de esta decisión se produjera un arresto, o un Estado europeo quisiera entregarlos a las autoridades españolas". Ante esta eventualidad, podrían plantearse nuevas medidas provisionales

Las aprobadas el 2 de Junio devolvieron la inmunidad a Carles Puigdemont durante un mes hasta la decisión definitiva. Esa es la opción que aspiran obtener ahora sus abogados. Una opción contemplada también como posibilidad por el presidente de la comisión de Justicia del Parlamento Europeo.

Adrián Vázquez, diputado del Parlamento Europeo, pide públicamente "que no se creen expectativas que puedan provocar frustración a los españoles", dando por hecho que la detención en Italia no tiene por qué terminar en un traslado de Puigdemont a España.

Según Vázquez, "las opciones jurídicas son muchas pero el camino no termina en Cerdeña sino terminará el día que el Tribunal Europeo decida si Bélgica puede rechazar una Euroorden española argumentando que se vulneran derechos fundamentales del afectado, como ha pasado en el caso del exconceller Lluís Puig".

En declaraciones a la Cadena Ser, Adrián Vázquez pide "paciencia y calma" abriendo también la posibilidad de que los jueces admitan la detención de Puigdemont pero autoricen su traslado a Bruselas y Estrasburgo para participar en las sesiones plenarias o realizar sus actividades institucionales como diputado europeo.

Un tema complicado para la justicia española, hoy nuevamente atada por los abogados de Puigdemont y por el exconceller Toni Comín, que acusa a España de engañar al Tribunal Europeo de Luxemburgo y, por tanto, de ser un estado con el que no se puede negociar, en relación con la mesa de diálogo.

La primera vez que Puigdemont reclamó en Luxemburgo la devolución de su inmunidad lo hizo alegando que el objetivo de la retirada no era facilitar su juicio. El expresident consideraba que, con ello, se pretendía garantizar su detención y encarcelamiento, lo que le privaría de realizar su trabajo como diputado europeo.

Aquella demanda llegó al tribunal el 26 de Mayo y obtuvo respuesta afirmativa. La inmunidad le fue devuelta el 2 de Junio, es decir, 8 días después. Este es el calendario en el que se espera una respuesta del Tribunal aunque no hay plazos oficiales.

Si el Tribunal ratificara la protección provisional de Carles Puigdemont, esta inmunidad tendría validez solo hasta que se pronuncien sobre el fondo del asunto, lo que la última vez duró alrededor de 2 meses.

Los abogados de Puigdemont intentan agilizar el proceso con la esperanza de que los jueces que estudiarán su caso en Italia respondan afirmativamente a sus demandas sin esperar la posición de Luxemburgo. Esta opción no ha funcionado en Cerdeña, donde su abogado admite "haber mantenido una larga conversación con la policía italiana" que, tras recibir el documento del Tribunal de Luxemburgo, concluyó que la cuestión excedía a sus competencias.

Gonzalo Boye ha afirmado este viernes en rueda de prensa que "el caso italiano va a ser más corto que el alemán", mientras Toni Comín afirmaba que Puigdemont debe poder ejercer su trabajo como diputado europeo este próximo lunes, un plazo con el que el entorno de Puigdemont intenta forzar una rápida resolución del caso aunque también aceptan que los jueces italianos pueden necesitar tiempo para leer todos los documentos vinculados al caso.

Mientras tanto el Parlamento Europeo guarda un expresivo silencio, justificado oficialmente porque la Euro cámara es parte judicial en este caso. Esto se debe a que el recurso presentado por Puigdemont contra el levantamiento de su inmunidad es un recurso contra una votación parlamentaria.

En esa votación el pleno del Parlamento Europeo decidió por 400 votos contra 248 -y 45 abstenciones- la retirada de su inmunidad. Un resultado inusual por la división que refleja entre los diputados de la Unión pero que en la práctica permite que España pueda empezar su procesamiento oficial a pesar del escaño europeo que ocupa.

Los abogados de Puigdemont mantienen que este levantamiento de inmunidad no afecta a su derecho a desplazarse por todo el territorio de la UE mientras que quienes apoyaron la retirada de sus derechos creen que los únicos territorios por los que puede viajar son aquellos en los que el Parlamento tiene sede oficial: Francia, Luxemburgo y Bélgica. Un tema sobre el que podría también pronunciarse la justicia europea.