Miércoles, 08 de Diciembre de 2021

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Sanidad aprueba la tercera dosis para sanitarios y mayores de 60 años además de un 'tímido' semáforo COVID

La propuesta de Sanidad en la Comisión de Salud Pública ha recibido el visto bueno, mientras que el semáforo COVID planteado ha sido aprobado pero sin las principales restricciones

Sanidad y CCAA aprueban un nuevo 'semáforo' contra la COVID pero sin incluir restricciones. / EUROPA PRESS

La Comisión de Salud Pública que ha tenido lugar este martes ha dado luz verde a administrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población mayor de 60 años, así como a los trabajadores sanitarios y a aquellos usuarios de centros distintos a las residencias especialmente vulnerables, como los de discapacidad.

 La propuesta, que el lunes adelantó la SER, se justifica por el ascenso de los contagios, la tasa al alza de las hospitalizaciones entre mayores de 60 años y la menor eficacia de las vacunas a partir de los tres meses de su inoculación. 

La medida ha recibido el visto bueno de la Comisión, donde Gobierno y comunidades han llegado a un acuerdo para implantar la medida, que ya se aplicaba a mayores de 70 años. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado este martes que alrededor de 700.000 personas podrían morir de aquí a marzo por COVID-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio.

Semáforo COVID: suavizar la incidencia con la que se mide

Al margen de la tercera dosis, Sanidad y comunidades tenían pendiente la aprobación de la actualización del denominado semáforo COVID; en el borrador que discutieron la semana pasada, los técnicos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado en rueda de prensa que se ha aprobado el semáforo, pero con diferencias al borrador presentado: “El documento que se ha aprobado en la Comisión solo incluye los indicadores y niveles de riesgo, sin medida alguna. Esto supone contextualizar los niveles y refleja que lo importante es el altísimo consenso en la necesidad de aprobar un nuevo marco de indicadores porque la situación ha cambiado, ha avanzado y nada tiene que ver con la de más atrás”.

Más concretamente, hasta ahora se consideraba riesgo bajo cuando la incidencia acumulada a 14 días está debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, pero con el nuevo semáforo se mantendrá el nivel bajo hasta los 100.

Cuando se supere este número, se entrará en riesgo medio y se mantendrá en esa franja hasta los 300 casos confirmados por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Actualmente, la incidencia acumulada en España está en 139 casos. El riesgo alto será cuando la incidencia esté entre 300 y 500 casos por 100.000 habitantes. Por último, todo lo que supere los 500 casos, será considerado riesgo muy grave.

Pasaporte COVID

En el debate del Ministerio y las comunidades también colea el pasaporte COVID que reclaman varias autonomías; por ahora se pide en Baleares, Cataluña y Galicia para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno, aunque la Xunta lo requiere también para visitas a hospitales.

Después de que una de sus principales defensoras, Euskadi, haya visto este lunes como el Tribunal Superior de Justicia rechazaba su intención de exigirlo en negocios de hostelería, las voces que claman por un criterio único se intensifican para evitar la disparidad que se ha producido en otras ocasiones.

Sin embargo, la Comisión no ha aprobado ninguna medida al respecto, ya que la propia ministra ha reconocido que "el Supremo ha marcado el camino", por lo que aboga por que cada comunidad lo solicite y espere a ver que deciden los tribunales. 

Por ejemplo, en Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones.

En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces.

Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo pero no como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.

El Gobierno de Navarra enviará mañana al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) para su ratificación judicial su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive.

También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario y pretende saber si es posible exigirlo o no y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y, principalmente, para las personas.

Con todo, el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha confiado en que esté operativo en la Comunitat Valenciana antes del próximo Puente de la Constitución.

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