Los cambios a la 'Ley Mordaza' cumplen las exigencias: ¿por qué irritan a los policías?

Madrid

El Ejecutivo propone reformar distintos aspectos de esta ley aprobada en 2015, que como han venido advirtiendo organismos europeos y el Tribunal Constitucional en sentencia, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.

Ya en 2018, la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, remitió una carta a los presidentes del Congreso y Senado en España, en la que denunciaba que la Ley Mordaza contenía disposiciones con el “potencial de minar la protección de los derechos humanos” en este país, e instaba a su eliminación. También alertaba sobre el “amplio margen de discrecionalidad” que la ley proporcionaba a las fuerzas de seguridad, dando pie a “limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión y reunión”.

Más recientemente, el pasado 19 de marzo, la comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, instó a España a la revisión de la ley. Entre otros puntos, propuso rebajar las altas multas de hasta 600.000 euros que en la práctica, dijo, tienen un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, y alertó del “potencial represivo” del texto legal.

Evitar potenciales abusos

Este órgano consultivo del Consejo de Europa también instaba a tolerar las manifestaciones espontáneas, a erradicar los cacheos indiscriminados y sin causa, y pedía, ante los “amplios poderes” otorgados a la policía reforzar los “mecanismos de seguimiento internos” de los agentes, así como los judiciales, para evitar “potenciales abusos”. Y concluía que “si una norma estatutaria lleva, en la práctica, a abusos, esta norma debe ser cambiada, delimitada o acompañada de salvaguardias adicionales, incluso si en teoría es constitucionalmente aceptable”.

Los principales cambios que pretende introducir el Gobierno, se adecúan a estas exigencias y son los siguientes:

• Grabar a un policía en su puesto de trabajo no supondrá una infracción salvo que genere un “peligro cierto” a su seguridad personal o familiar, ponga en riesgo operaciones en curso o instalaciones. Esta modificación se produce por la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero, que declaró inconstitucional la prohibición de uso de imágenes y datos personales de agentes.
• La presunción de veracidad de los agentes se mantiene siempre que éstos expongan en las actas de infracción un relato de hechos que resulte “coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario”. Hasta ahora, no tenían por qué hacerlo, siendo caldo de cultivo de potenciales abusos.
• Las manifestaciones sin comunicación previa, aunque podrán ser castigadas como infracción leve, podrán realizarse porque en caso contrario supondría impedir el ejercicio de los derechos a las libertades de reunión y manifestación
• Material antidisturbios. La nueva norma establece que “las autoridades competentes elaborarán protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales, para utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. No prohíbe las pelotas de goma
• Reducción del tiempo de detención. Las personas que se nieguen a identificarse podrán ser retenidas hasta dos horas y solo de forma “excepcional” y cuando existan razones “justificadas y verificadas”, ese plazo podrá prolongarse hasta las 6 horas actuales.
• Devolución del infractor al lugar de su detención. La reforma de la ley establece que los agentes tendrán que actuar de esta forma cuando el detenido haya sido desplazado a una localidad distinta y siempre que esta circunstancia no afecte “gravemente al funcionamiento de los servicios” de los agentes.
• Multas. Las multas por infringir esta ley serán proporcionales a la capacidad económica individual de cada persona. Se contemplan por ejemplo reducciones del 50% para los que cobren 1.5 veces menos del salario mínimo, y del 25% para los que cobren entre 1.5 y 2.5 veces menos.
• La posesión de sustancias estupefacientes para consumo propio solo tendrán la consideración de infracción leve, cuando hasta ahora suponían una falta grave.
• Cacheos. Durante una actuación policial no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de las partes.
• En cuanto a las devoluciones en caliente, el Gobierno dice que las reformas se harán a través de la ley de Extranjería.

¿Por qué a los policías les parece mal la derogación de ciertos puntos de la Ley Mordaza? Sorprende porque el Ejecutivo prácticamente se limita a seguir las exigencias de Europa y el Constitucional, y porque la ley todavía se encuentra en fase de enmiendas. Ni siquiera ha llegado al Congreso para su debate y redacción definitiva.

La tasa de criminalidad más baja de la historia

También choca el lema de la manifestación convocada para este sábado: “No a la España insegura”, cuando según datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre de este año se cometieron 39,2 infracciones penales por cada mil habitantes, la tasa de criminalidad más baja desde que hay registros históricos a excepción de 2020, año de confinamiento por el COVID.

La movilización ha sido convocada por Jusapol, la plataforma mayoritaria a la que hacen guiños constantes sobre todo Vox, pero también el PP, y que en sus mensajes sobre la ley muestra la metodología habitual ultra empleada en redes sociales: omisiones deliberadas cuando no manipulaciones y falsedades.

• Dicen los manifestantes que con la nueva ley “pierden la presunción de veracidad”, pasando a la “presunción de culpabilidad” y generándoles “gran inseguridad jurídica”. Pero le ley mantiene esa presunción de veracidad. Solo que tendrán que razonar sus actuaciones por escrito.
• Critican que grabar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no constituya una infracción y afirman que se pone en riesgo su seguridad y la de sus familias. El Tribunal de Garantías declaró inconstitucional esta prohibición y la nueva ley establecerá que si está en riesgo su seguridad, no se podrán difundir imágenes.
• Respecto a las movilizaciones sin permiso previo, para los agentes supone un riesgo porque cualquier persona desde el anonimato de las redes sociales puede convocar una manifestación provocando incidentes o comportamientos violentos, o confluir dos contramanifestaciones sin tiempo ni planificación para evitar disturbios.
• Material antidisturbios. Dicen que les envían a la “guerra” sin elementos de disuasión y que les han dejado “vendidos”. Insisten los sindicatos en que pretenden coaccionarles y que las pelotas de goma son un elemento esencial en casos de graves alteraciones del orden público. Y si bien es cierto que la norma establece que se utilizará el medio menos lesivo, no prohíbe las pelotas de goma.
• “Aseveran que les convierten en “taxistas de los delincuentes”. Primero, no son delincuentes, porque las actuaciones penales exceden el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo se encarga de las faltas. Y los traslados solo están contemplados para casos excepcionales.

La movilización ha sido convocada por Jusapol y sus sindicatos derivados, Jupol y Jucil, pero se han sumado el resto de colectivos tradicionales, incluso los de carácter progresista. Miembros de estas asociaciones que prefieren conservar el anonimato reconocen que en gran medida, se han sumado a la movilización por el miedo a perder mayor representatividad social. Y es que en las últimas elecciones sindicales, Jusapol arrasó y les comió gran parte de su territorio histórico.

Con ellos, los agentes han pasado de su necesaria imagen de neutralidad y discreción por ser un pilar del Estado de Derecho, a protagonizar manifestaciones jaleadas desde las redes sociales como la que hace un año rodeó el Congreso ataviados con pasamontañas, caretas de Anonymous y al grito de “¡guerra!”. Y no son funcionarios cualquiera. Van armados.