El Poder Judicial rechaza el informe que avalaba la ley de vivienda del Gobierno

Madrid

El Poder Judicial ha rechazado el informe del vocal progresista, Álvaro Cuesta, que avalaba la ley de vivienda. El pleno extraordinario ha aprobado por 15 votos a favor y 6 en contra las enmiendas del consejero a propuesta del PNV, Enrique Lucas, que les ha adelantado esta emisora. Cuesta pierde la ponencia del informe a la ley que ahora pasa a manos de Lucas.

En su enmiendas, el vocal nacionalista sostiene que el anteproyecto del Gobierno de coalición “no es admisible en términos constitucionales” porque deja la regulación del derecho al acceso a la vivienda en manos del Estado y vacía de contenido normativo a las Comunidades Autónomas. Añadía que el polémico proyecto que permite a los poderes públicos intervenir el precio de los alquileres en zonas tensionadas es "una atracción artificiosa a la esfera estatal de la ordenación completa y agotadora de una materia que la Constitución dejó a disposición de las Comunidades Autónomas para imponer un modelo de intensa intervención pública que hace irreconocible el derecho a la propiedad".

El vocal Guilarte presenta un texto alternativo

Enrique Lucas no ha sido el único que ha puesto objeciones al anteproyecto de ley y al informe de Cuesta. El vocal a propuesta del PP y especialista en derecho civil, Vicente Guilarte, ha presentado un texto alternativo que no ha llegado a votarse. Dice Guilarte que el anteproyecto de la ley de vivienda "ignora a menudo, cuando no contradice la regulación civil" y a modo de ejemplo, subraya, "la novedosa consideración de la propiedad privada de la vivienda que supone una radical alteración de su naturaleza con consecuencias imprevisibles".

A diferencia del borrador de Cuesta que les adelantó la Cadena SER, Guilarte rechaza las definiciones de vivienda, infravivienda, vivienda digna o residencia habitual por innecesarias y advierte de que entre la vivienda digna y la infravivienda "existirían necesariamente situaciones intermedias que quedarían en un limbo jurídico" al no estar reguladas.