Política
Ley Mordaza

Los socios del Gobierno temen que la reforma de la ley mordaza se quede en otra derogación "cosmética"

El Congreso retoma los trabajos para redactar un nuevo texto que sustituya a la legislación puesta en marcha por el PP en 2015

Los contactos previos entre PSOE, Podemos y sus aliados parlamentarios auguran otra negociación complicada para el Gobierno, que aún no tiene garantizados los apoyos para la convalidación de la reforma laboral

ERC y EH Bildu exigen cambios en los artículos que concentran la mitad de las sanciones interpuestas desde que la norma entró en vigor: la resistencia y la falta de respeto a la autoridad

Foto de archivo de la protesta de 2015 contra la 'ley mordaza'. / DANI POZO/AFP

Madrid

En medio de las conversaciones para convalidar el decreto de la reforma laboral, PSOE y Unidas Podemos abren con sus socios parlamentarios la negociación para aprobar otro de los hitos con mayor simbolismo político de la legislatura: la derogación de la conocida como Ley Mordaza. Una vez más, los partidos que forman el Ejecutivo tratarán de sumar los 22 votos que necesitan para llegar a la mayoría. Y una vez más, no parece que esta tarea vaya a ser sencilla.

Los trabajos para modificar el texto aprobado por el PP en 2015 comienzan este miércoles en el Congreso. Los grupos redactarán la nueva ley utilizando como base una iniciativa registrada por el PNV y a la que PSOE y Podemos presentaron en noviembre sus propias enmiendas. Los partidos de la coalición necesitaron más de un año (y 40 prórrogas del plazo inicial) para pactar una posición común a la que ahora deben sumar a los grupos en los que se apoyan habitualmente.

Ronda de conversaciones

PSOE y Podemos iniciaron una ronda de conversaciones tras el parón navideño para llegar a la cita de este miércoles con parte del trabajo adelantado. Pero según confirman a la Cadena SER fuentes parlamentarias implicadas en la elaboración de la ley, los primeros intercambios de opiniones no han permitido constatar grandes avances. Aún así, los partidos de la coalición se aferran a los puntos en los que hay mayor sintonía para asegurar que "las perspectivas son buenas" y que el "diálogo discreto" hará que "la reforma salga adelante".

Menos optimistas son los socios a los que PSOE y Unidas Podemos tienen que convencer. Consultados por la SER, todos comparten el mismo temor: que el desmantelamiento de la 'Ley Mordaza', comprometido en los acuerdos de investidura, se convierta en otra "derogación descafeinada", "cosmética" como la de la reforma laboral. Una preocupación creciente vista la estrategia y la actitud del Ejecutivo para conseguir la convalidación del decreto que se votará en la Cámara la primera semana del mes de febrero.

"Necesitan 176 síes"

Pero hay un matiz que va a diferenciar la negociación de la Ley Mordaza de la de la reforma laboral. Algo en lo que pone el acento el PNV: los apoyos necesarios para aprobarla. La de Seguridad Ciudadana es una norma con rango orgánico, que afecta al desarrollo de derechos fundamentales, y por lo tanto, cualquier modificación necesita de una mayoría absoluta. No basta, como ocurre con la convalidación del decreto de empleo, con amarrar más síes que noes acercando a algunos grupos a la abstención.

Este es el argumento que utilizan los nacionalistas vascos para avisar a los partidos del Gobierno de que esta vez, sí o sí, habrá que ceder y sentarse a dialogar. Desde el grupo que lidera Aitor Esteban en el Congreso creen que "lo que está claro es que hay varios grupos que han dicho públicamente que no apoyarán esta reforma que necesita, al menos, 176 votos a favor. Tendremos que llegar a entendimientos si se quiere sacar adelante", advierten.

Sanciones por resistencia a la autoridad

Lo que han permitido las primeras conversaciones es saber dónde pueden estar los principales escollos de la negociación. Y los partidos republicanos creen que se encontrarán en el capítulo de infracciones y sanciones de la ley. En este punto, PSOE y Podemos sí que prevén, por ejemplo, eliminar las multas a las manifestaciones espontáneas que se convoquen sin una comunicación previa, siempre que sean pacíficas (ahora son de hasta 30.000 euros). También dejará de ser sancionada la toma de imágenes en lugares de tránsito público, siempre y cuando no pongan en peligro la seguridad familiar o personal de los agentes.

Pero para Esquerra Republicana y EH Bildu estos cambios son completamente insuficientes y se quedan lejos de la derogación comprometida. Creen que las fuerzas del Gobierno deberían entrar a modificar también las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad, así como por la negativa a identificarse o las faltas de respeto a los agentes que están previstas en los artículos 36.6 y 37.4 de la normativa actual. Según datos del Ministerio del Interior, desde que se puso en marcha Ley de Seguridad Ciudadana del PP, casi el 50% de las multas se han interpuesto en aplicación de esos dos puntos.

Sancionar sin justificación

El diputado abertzale, Jon Iñarritu, cree que la vaguedad con la que están redactados los artículos permiten a los agentes sancionar sin una justificación. Lo que les sorprende es que en sus enmiendas ni PSOE ni Podemos planteen modificarlos y por eso anticipan en esto un posible punto de fricción. Sí que observan margen para acordar los cambios en los protocolos de uso de material antidisturbios o de identificación de personas.

La intención de los miembros de la ponencia encargados de la redacción es discutir desde hoy, y una a una, las 330 enmiendas presentadas al texto original. Lo habitual es hacerlo por orden, empezando con las que pretenden modificar el primer artículo del texto que se una como base y siguiendo hasta la disposición final. Se trabaja con la previsión de celebrar una sesión doble este miércoles — para recuperar las convocatorias anuladas a causa de los contagios de COVID— y reunirse al menos una vez a la semana hasta finales de febrero, cuando PSOE y Unidas Podemos quieren tener listo el texto para su aprobación en comisión y después en pleno.

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