Prisión sin fianza para el exconsejero Antonio Fernández, imputado por el caso de los ERE
"El responder a todas las preguntas no siempre supone la colaboración con la Justicia", ha dicho el fiscal
(CADENA SER)
La jueza Mercedes Alaya ha enviado a prisión al que fue consejero de Empleo de la Junta durante seis años, Antonio Fernández, también viceconsejero de Trabajo y concejal en Jerez, su ciudad. La Fiscalía Anticorrupción le había pedido el ingreso en la cárcel sin posibilidad de eludirla bajo fianza porque cree que existe riesgo de fuga, posibilidad que interfiera en las fuentes de prueba y por las penas que llevan aparejadas los delitos que se le imputan. Sólo el delito continuado de malversación de fondos públicos puede suponer 18 años de cárcel. La Junta no pidió prisión sino su comparecencia semanal ante el juzgado más cercano y la retirada del pasaporte.
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, a su llegada a los juzgados de Sevilla
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También, como habían anunciado, pidieron prisión incondicional para Fernández el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias. La Fiscalía también ha solicitado 890.052.666 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil.
Así han terminado cuatro días de interrogatorio. El fiscal, de hecho, ha lanzado un mensaje a futuros imputados. "El responder a todas las preguntas no siempre supone colaborar con la justicia", ha manifestado.
Por la tarde el exconsejero había pedido disculpas a la Junta, como institución, y a los andaluces. "Además del daño personal, siento pesar por el daño institucional que se ha hecho a la Junta de Andalucía y a la comunidad autónoma, habida cuenta de los términos en los que se desarrolla el debate", dijo. Y también manifestó que ahora se" tortura pensando si podía haber actuado de otra manera, si en lugar de ser un consejero impulsor tendría que haber sido más vigilante y no tan confiado en sus equipos". Aunque ha insistido en que no ha "consentido ni conocido ninguna ilegalidad".
En estos días Antonio Fernández ha tratado de explicar que el convenio marco de 2001, que estableció el sistema de pago de las ayudas que se investigan, era legal. Tanto la transferencia de financiación como la posterior encomienda de gestión, estaban avalados, ha defendido, técnica y jurídicamente.
El exconsejero también ha negado que pretendiera beneficiarse de una póliza en el ERE de las Bodegas González Byass, donde trabajó. Pero el fiscal dejó entrever su postura cuando formuló su última pregunta el domingo por la tarde:¿No es más cierto que el sistema se ideó para tener las manos libres y favorecer a algunos?
