Sociedad
JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

Pannagh defiende que era una asociación "legal" que cultivaba para consumo interno

Los cinco imputados del club cannábico de Bilbao cerrado en 2011 sostienen que la marihuana era para consumo de los socios que tenían asignada una cantidad limitada al mes

Bilbao

Tres años después del cierre de la asociación Pannagh de Bilbao, cinco de sus miembros se han sentado en el banquillo acusados de un delito de tráfico de drogas y a tres de ellos les imputa, además, un delito de integración en grupo criminal. En total, solicitan penas de cárcel de 22 años y una fianza de más de tres millones de euros.

Durante la vista, los cinco se han negado a responder a las preguntas de la fiscal. El presidente de la asociación, Martin Barriuso, ha explicado que la asociación constaba en el registro y ha detallado el funcionamiento de la misma, además de advertir que carecía de ánimo de lucro. Los usuarios debían ser consumidores de cannabis de antemano y para entrar, además de responder a un cuestionario, debían contar con el aval de otro socio. Se hacía una provisión de consumo con un máximo de 60 gramos por usuario, "porque por encima entendíamos que era abusivo". La transmisión de esa droga a terceros suponía la expulsión "inmediata" del colectivo. Llevaban a cabo un "cultivo compartido", por tanto, era de cada socio y, una vez preparado, se guardaba en cajas en las que figuraba "claramente" el logotipo de Pannagh y el número de registro de la asociación, además de otras características.

Barriuso ha sostenido que uno de los objetivos de la asociación era evitar "la adulteración" del mercado negro y la falta de control, además de realizar labores de divulgación y políticas para exigir cambios legislativos. Algo que él mismo, ha añadido, defendía en foros públicos y en reuniones con el Gobierno vasco o el Ararteko. El resto de acusados han dado su versión en términos similares.

La defensa ha presentado dos cuestiones previas. Por un lado, para denunciar irregularidades donde el proceso al entender que "se ha roto o ni siquiera existió" la cadena de custodia de la droga aprehendida, algo que ha considerado supone la vulneración de un derecho fundamental, lo que ha negado el juez que lo valorará en la sentencia. Por otro lado, ha rechazado la acusación de pertenencia a grupo criminal que se imputa a tres de los acusados.

 
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