Figar y Victoria dimiten después de ser imputados en la 'operación Púnica'
Los consejeros de presidencia y educación de la Comunidad dimiten para "no interferir" en la formación del nuevo gobierno
Madrid
La ‘operación Púnica’ se ha cobrado dos víctimas políticas de peso en la Comunidad de Madrid: los consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria han anunciado este jueves que dimiten después de haber sido imputados en esta trama Púnica por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional.
En el caso de Salvador Victoria, desde el entorno del consejero de Justicia y Presidencia aseguran que abandona su puesto para “no interferir” en la formación de un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid, en clara alusión a las negociaciones que mantiene ahora mismo Cristina Cifuentes para pactar con Ciudadanos. Mismos argumentos que ha esgrimido Figar ante la prensa: asegura que no tiene apego al cargo, ha negado presiones del partido central y también afirma que ayer se lo comunicó a todo el partido. Figar ya había anunciado su intención de dejar su cargo, por lo que cree que no tiene sentido retrasar esa decisión una vez que tiene que comparecer ante el juez: "no quiero ser ningún obstáculo para la formación de un gobierno del PP en Madrid. Y yo ya estaba de salida y por el bien del partido y de Cifuentes lo mejor es que abandone el gobierno", ha dicho. La ya exconsejera ha añadido que tiene la "conciencia muy tranquila" y que no sabe exactamente qué delito ha podido cometer.
Imputados en la 'operación Púnica'
Recientemente, tal y como adelantó la Cadena SER, Salvador Victoria fue imputado junto con Lucía Figar y otros dos miembros del PP madrileño en el marco de la investigación de la 'operación Púnica', que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Ambos serán llamados a declarar cuando se constituya el parlamento regional, y pierdan por tanto de forma oficial su condición de aforados, algo que tendrá que ser comunicado de forma oficial por la Asamblea de Madrid ante la Audiencia Nacional.
El magistrado Eloy Velasco les atribuye, de forma indiciaria, delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación por contratos suscritos con la empresa de uno de los supuestos líderes de la trama.
