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Lakua dice que la ley contra el ‘fracking’ no impide explorar en Subijana

Reduce las trabas legales a que no podrá perforar en zonas de vulnerabilidad media, alta y muy alta definidas en el mapa de acuíferos

Dos operarios trabajan en una planta que utiliza metodo de extracción por fracking

La ley que limita el fracking, aprobada por el Parlamento vasco y contra la que Madrid ha anunciado recurso de inconstitucionalidad, no afecta a los pozos que se están preparando en Subijana, según se desprende de la respuesta remitida por el Gobierno vasco a la Cámara a preguntas de EH Bildu.

Preguntado por la afección de la ley a los permisos solicitados para la explotación de hidrocarburos, el departamento que dirige Arantza Tapia admite que afecta “parcialmente” a los que están localizados “total o parcialmente” en Euskadi, ya que “no podrá perforar en zonas de vulnerabilidad media, alta y muy alta definidas en el mapa de vulnerabilidad de los acuíferos”. Una posibilidad que en principio estaba ya descartada.

Pero, salvo esa traba, el Gobierno vasco no detecta en la norma ningún obstáculo legal añadido para explorar hidrocarburos como el gas no convencional.

Sin embargo, el Ejecutivo obvia en esa respuesta que expresamente la ley contempla que en suelos no urbanizables, es decir, la mayoría, “no se podrá utilizar la técnica de la fractura hidráulica” cuando pueda tener “efectos negativos” y hasta la fecha, el ‘fracking’ es la técnica que se utiliza para explotar, pero también para explorar el gas no convencional.

En todo caso, y dada la fase en la que se encuentran los proyectos, dice el Gobierno que “hasta el momento no ha sido preciso dar ningún paso concreto para el cumplimiento de lo establecido en la ley".

Asimismo, admite que mantiene en vigor todos los contratos firmados con distintas empresas “tanto para la exploración como para la posible, en caso de éxito, explotación de hidrocarburos” como son los permisos ‘Fulmar’, ‘Angosto’, ‘Gran Enara’ y ‘Cameros’.

El Ejecutivo reconoce que ha informado a sus socios privados sobre el alcance de la ley y sobre la intención expresada por el Gobierno central de recurrir la norma en su integridad , aunque “todavía no se ha mantenido ninguna reunión conjunta para analizar la situación”.

Preguntado por la posibilidad de que las empresas puedan exigir indemnizaciones si la ley se mantiene en vigor, asegura que “estarán en su derecho” y que, en los proyectos que SHESA es socio y operador, como Angosto o Gran Enara, “podrían llegar a reclamar a la Administración vasca la cantidad desembolsada por causa de una nueva ley sobrevenida que impediría ejecutar la inversión y trabajos comprometidos”.

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