Por qué falla la lucha contra el fraude fiscal en Euskadi y cómo solucionarlo

Vitoria

Las medidas contra el fraude fiscal adoptadas por las diputaciones vascas son “claramente insuficientes porque no han incidido casi nada en los dos elementos esenciales para reducir el fraude fiscal: la probabilidad de detección y la sanción”. Así de contundentes se muestran el catedrático de Hacienda Pública de la UPV-EHU Ignacio Zubiri y las profesoras Lourdes Serna y Mercedes Vallejo en las conclusiones de un estudio sobre la lucha contra el fraude fiscal en Euskadi que ha publicado la revista Ekonomiaz.

“A pesar de las buenas intenciones, para muchos siguen siendo rentable defraudar y el sistema fiscal permite muchas vías de escape a las rentas altas y las empresas”, afirman estos expertos de la universidad pública vasca. Según sus estimaciones el fraude fiscal en Euskadi es algo inferior pero muy similar al del resto de España (entre un 18% y un 20% de la economía total) y dobla al de las economías más avanzadas en la lucha contra el fraude.

¿Por qué falla la lucha contra el fraude fiscal en Euskadi?

La tolerancia social con los delitos monetarios es una de las claves de los tímidos efectos de la lucha contra el fraude en Euskadi. “No hay un sentimiento real en la ciudadanía de que pagar impuestos es esencial para el mantenimiento del Estado de Bienestar Social”, explica Ignacio Zubiri en una entrevista concedida a la CADENA SER. Los autores consideran que es obvio que en Euskadi “la moral fiscal es baja”. “La idea de defraudar a Hacienda no es algo moralmente muy reprobable”, sostienen en el estudio.

Por otro lado -destacan- el número de inspecciones es muy limitado, con lo que la probabilidad de detectar a los defraudadores es muy baja. Los expertos tomaron los datos de Bizkaia y Gipuzkoa de 2013 y en la mayoría de los casos las probabilidades de inspección “apenas llegan al 0,5%”. 

Otro de los factores citados en el estudio apunta a la falta de voluntad política real de luchar contra el fraude. “La ausencia de sanciones económicas o sociales a quien es descubierto, la laxitud de algunas leyes fiscales, la escasez de recursos dedicados a la inspección son algunas pruebas de esta falta de voluntad política”, afirman. En este sentido, citan la influencia en el diseño de las políticas públicas de “grupos de interés poderosos que se verían más perjudicados por una lucha efectiva contra el fraude (grandes empresas, instituciones financieras, rentas altas…)”.

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Otro argumento que frena la voluntad política contra el fraude es que las medidas son “costosas en recursos y producen resultados en el medio y largo plazo”. Es complicado obtener rentabilidad política de la lucha contra el fraude a corto plazo.

Zubiri, Vallejo y Serna consideran que las medidas contra el fraude fiscal adoptadas en los últimos años por las Haciendas vascas (una réplica de las del Estado con algunas medidas propias de calado menor) son un avance pero “quedan lejos de lo necesario para reconducir el fraude a niveles equiparables a los de los países más desarrollados”.

Por ejemplo, la limitación de los pagos efectivos de operaciones a 2.500 euros es “una traba importante en bastantes transacciones fraudulentas”, pero “no es en sí misma relevante” porque los bancos ya estaban obligadas a comunicar a Hacienda la emisión de cheques o disposiciones e ingresos en efectivo de 3.000 euros o más.

Tampoco es creíble –dicen los expertos de la UPV- que los grandes defraudadores hayan cambiado su comportamiento por la obligatoriedad desde 2014 en Euskadi de presentar anualmente una declaración informativa que recoja el patrimonio del que se dispone en el extranjero. “Cabe preguntarse por qué alguien que tenía dinero oculto en el exterior para no pagar impuestos va a declararlo ahora porque se haya creado un impreso específico para hacerlo y se sanciona no rellenarlo”.

El estudio valora de forma positiva que Euskadi haya eliminado en 2014 la aplicación de módulos, lo que supone un “avance en la reducción del fraude en varios impuestos (IRPF, Sociedades e IVA)”. También hay una opinión favorable a la limitación en las deducciones de los gastos susceptibles de ser personales que “ayudarán a evitar que las empresas pequeñas y medianas usen el Impuesto de Sociedades para eludir el pago del IRPF”.

Pero, pese a los avances el balance final del análisis del conjunto de medidas contra el fraude fiscal aprobadas por las diputaciones vascas no es nada esperanzador. Son “claramente insuficientes” porque no han incidido en la probabilidad de detección y no se han aumentado de forma significativa las sanciones contra el fraude, las dos claves para luchar contra el fraude. “Peor aún, no se han cerrado las vías que utilizan muchos contribuyentes para eludir el pago de impuestos”. “Para muchos sigue siendo rentable defraudar y el sistema fiscal permite muchas vías de escape a las rentas altas y las empresas”, concluyen Zubiri, Vallejo y Serna.

¿Qué medidas habría que adoptar para reducir el fraude fiscal en Euskadi?

Una de las primeras medidas que habría que adoptar para reducir el fraude sería el aumento “sustancial” de las sanciones, que solo en casos excepcionales se aplicaría “en grado mínimo”. Los expertos de la UPV respaldan la idea de que las regularizaciones del dinero defraudado deberían limitarse a los contribuyentes que reconocen su infracción antes de que comiencen las comprobaciones de Hacienda. Y también debería acabarse con la reducción de sanciones cuando los defraudadores pagan en los dos meses siguientes a la imputación.

Los profesores de la UPV creen que sería necesaria una unidad de la Ertzaintza especializada en la lucha contra el fraude fiscal. “Tendría un doble efecto: por un lado, el del descubrimiento del fraude fiscal, y más importante todavía, el efecto disuasorio. Sería una señal correcta de decir a los contribuyentes ‘hasta aquí hemos llegado’”, explica Ignacio Zubiri. Se trataría de unidad con ciertas similitudes con la UDEF de la Policía Nacional y que colaborase regularmente con las Haciendas vascas.

Otro problema, en la actualidad, es que solo se investigan los tributos en los que se han encontrado irregularidades. Para Zubiri, Vallejo y Serna la sanción de las Haciendas vascas debería conllevar una revisión de todos los impuestos (no prescritos) del defraudador.

“En determinados casos se deberían hacer públicos los hechos”, afirman. Por ejemplo, la identidad de los contribuyentes que utilizan paraísos fiscales y de quienes reinciden en engañar a Hacienda.

Otro de los castigos propuestos para los defraudadores sería la exclusión de “cualquier contratación con las administraciones públicas” (por encima de cierta cantidad de fraude). Y apuntan: “Cualquiera que deba dinero a Hacienda no debe poder recibir ningún pago público ni, siquiera, contratar con la Administración pública”.

Los expertos abogan por aumentar el periodo de prescripción del fraude fiscal a los 10 años (en Bizkaia y Gipuzkoa está en 4 años; en Álava en 5 años). “Es necesario que las empresas grandes y los contribuyentes de renta elevada sepan que hay una probabilidad elevada de que sus declaraciones serán revisadas antes de la prescripción”.

Y no solo hay que perseguir a los defraudadores sino también a quienes les asesoran. Por eso apuestan por una regulación de las asesorías fiscales: quienes cumplan determinados niveles de transparencia recibirían un aval especial, y quienes estén involucrados en fraudes y prácticas dudosas serían sancionados e inhabilitados.

Creen además imprescindible incrementar y reordenar las plantillas dedicadas a la inspección fiscal para aumentar la probabilidad de detección del fraude.

Apuestan, por otro lado, por la creación de una base de datos extra fiscales para detectar “discrepancias entre los niveles de vida y lo declarado”. En este sentido, creen que el IRPF debería contar con “un anexo de gastos extraordinarios en el que se justifiquen cómo se pagan aquellos gastos desproporcionados que se realizan en relación a la renta declarada”.

Otra de las llaves contra el fraude pasa por la obtención de más información por parte de contribuyentes, notarios, inmobiliarios y bancos.

Para los bancos hay otra medida adicional: la obligación de pedir el visto bueno de la fiscalía sobre los productos financieros que conlleven “riesgos fiscales”.

Los expertos echan en falta además una evaluación continua de las administraciones tributarias vascas. “Nunca se han medido ni los recursos que dedica cada territorio histórico a la gestión e inspección de impuestos, ni la eficacia en la gestión de recursos”. En este punto se destaca el papel del Parlamento vasco que debería establecer una serie de indicadores que pudieran ser evaluados anualmente.