El tribunal del 'caso Nóos' rechaza expulsar a Manos Limpias

Palma de Mallorca

El tribunal que juzga el fraude del Instituto Nóos ha rechazado la petición del letrado de Diego Torres para expulsar a Manos Limpias del proceso. La presidenta, Samantha Romero, ha explicado que "no hay trámite procesal" para esta petición y ha pospuesto la decisión definitiva a la sentencia a la espera de cómo discurra la investigación abierta en Madrid contra sus dirigentes. Además, se ha negado a pedir a la Audiencia Nacional copia del auto del juez Santiago Pedraz sobre esta investigación y los testimonios sobre el funcionamiento interno del pseudosindicato y su sistema de financiación, tal y como había pedido el fiscal Pedro Horrach, porque "no han acreditado que no puedan conseguirlo por sus propios medios".

La Audiencia Nacional investiga por extorsión y chantaje al líder de Manos Limpias, Miguel Bernad. Según las pesquisas pedía grandes cantidades de dinero a cambio de retirar sus acusaciones en los tribunales. En el caso Nóos exigieron tres millones de euros al Banco Sabadell y a la Caixa a cambio de dejar fuera a la infanta Cristina, a la que ha sentado en el banquillo el pseudosindicato, que le pide 8 años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales.

El precedente de la Audiencia de Barcelona

Las partes han vuelto a reiterar su posición inicial de expulsión y el fiscal, Pedro Horrach, ha reiterado la petición de documentación a la Audiencia Nacional. El abogado de Diego Torres y el letrado de Iñaki Urdangarin han apelado a un auto de la Audiencia de Barcelona que ya sacó el miércoles a la palestra Horrach. Ese auto rechazó la petición de Manos Limpias de personarse en la causa que se sigue en un juzgado de instrucción por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE. Esta decisión fue llevada al Tribunal Constitucional por el pseudosindicato, que ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo.

La Audiencia consideró que Manos Limpias tenía una "naturaleza cuasi pública" cuyo ámbito de funcionamiento "se desarrolla en las administraciones públicas", lo que genera un "conflicto de intereses". Los magistrados también subrayaban para fundamentar su decisión "la frecuencia con la que Manos Limpias ha generado un procedimiento penal o ha participado en otros, pervirtiendo así la finalidad para la que se ha constituido".