"Ergo, concluyo que se lo iban a dar, lo tenía usted más claro que el agua"

Madrid

El juez que investiga la actividad de la trama Púnica en Madrid tiene claro que Olga Fernández utilizó sus contactos políticos para adjudicarse contratos públicos cuando dejó la alcaldía de Serranillos del Valle en 2011 después de ocho años de mandato. La exregidora popular declaró como imputada el pasado 24 de septiembre con la sospecha, expresada tanto por el juez como por la fiscal, de que la empresa Recuperaciones Oasis S.L, para la que trabajaba, se adjudicó un contrato de la Mancomunidad del Suroeste para la recogida de ropa sin que ni siquiera tuviese trabajadores o estuviese inscrita en la Seguridad Social. 

"Concluyo que se lo iban a dar, lo tenía usted más claro que el agua", asegura el juez Eloy Velasco después de repasar lo que considera "irregularidades muy groseras" en la adjudicación por parte de la Mancomunidad de la que ella misma había sido vicepresidenta con anterioridad. 

Tanto el juez como la fiscal entienden que su adjudicación estaba apalabrada de antemano, incluyendo en las gestiones al exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, también presidente de la Mancomunidad en ese momento. 

La empresa Recuperaciones Oasis S.L, según el juez, no cumplía diversos criterios para poder adjudicarse estos contratos: no tenía trabajadores a su cargo o ni siquiera estaba dada de alta como empresa en los registros de la Seguridad Social. Y le llama poderosamente la atención que la empresa se constituyese prácticamente al mismo tiempo en que ese contrato se firma con la empresa. "Por supuesto que no", contesta Fernández cuando el juez le pregunta si tiene algo que ver.

Olga Fernández, que fue alcaldesa de este municipio madrileño de unos cuatro mil habitantes entre 2003 y 2011, niega a lo largo del interrogatorio haber amañado la adjudicación del contrato usando sus contactos políticos con Estrada o incluso con el propio Francisco Granados o el empresario David Marjaliza. Sí reconoce haber contactado con ellos, pero asegura que fue para informarse por un procedimiento de adjudicación en el que su empresa no había salido ganadora. 

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Olga Fernández (PP) fue regidora en Serranillos del Valle hasta los comicios de 2011, cuando los independientes de la UPMA alcanzaron un acuerdo de gobierno con el PSOE de la localidad. Fue entonces cuando Antonio Sánchez cogió el bastón de mando en el municipio: sería detenido en octubre de 2014 en el estallido de esta misma operación Púnica acusado también de amañar contratos para la trama. 

Dos bolsos a cargo del Ayuntamiento

La trama Púnica no es el único frente jurídico que tiene abierto la que fuera regida de Serranillos del Valle: el pasado mes de marzo la Fiscalía pidió que Olga Fernández fuese llevada a juicio por comprar dos bolsos con la Visa del consistorio. El Ministerio Público solicita que se siente en el banquillo por un delito de malversación de caudales públicos cifrando el valor de los dos bolsos en 370 euros.

En su escrito de defensa, la exalcaldesa solicitaba el archivo de la causa, alegando que los bolsos no eran para ella sino para dos funcionarias de la Consejería de Hacienda de la Comunidad por tramitar tan rápidamente determinadas subvenciones, algo que para la Fiscalía no es cierto pero que además podría haber supuesto un delito de cohecho.