Cospedal quiso ceder cuatro hospitales públicos de Castilla-La Mancha a las constructuras dueñas de una autovía a cambio de condonar deudas

Cuando en diciembre de 2011 la ahora ministra de Defensa y entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció que "para salvaguardar su continuidad" privatizaría la gestión de los hospitales de Almansa y Villarrobledo (en Albacete) y de Tomelloso y Manzanares (en Ciudad Real) la maquinaria para encontrar la fórmula más rentable se puso en marcha.

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Una de las propuestas que el anterior ejecutivo de esta comunidad tuvo encima de la mesa fue la de ceder, casi "regalar", esos cuatro hospitales a las empresas constructoras que eran dueñas de la autovía de los Viñedos, entre Toledo y Tomelloso, y con las que la Junta tenía millonarias deudas cuyos pagos llegarían hasta más allá de 2030, parte de los cuales se condonarían a cambio de que se hicieran con la gestión de esos centros sanitarios.

El texto, titulado "Formas alternativas de pago por hospitales de la JCCM", está firmado por Guillermo Barrio Conlongues, un analista financiero fichado por Cospedal como asesor de presidencia, y está fechado en marzo de 2012, es decir, tres meses después del anuncio público de privatizar esos hospitales.

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El informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER en Castilla-La Mancha, comienza explicando que "la consejería de Sanidad espera recaudar 170 millones de euros con la venta de cuatros hospitales de propiedad pública" y que "la gestión privada de esos centros crearía un ahorro anual superior a 37 millones de euros".

Luego aclara que todo sería más fácil si fuese posible que los interesados quisieran sustituir las deudas que la Junta mantiene con ellos por hacerse con esos hospitales. Y concluye que los "más susceptibles" para "cancelar las anualidades que la Junta debe" podrían ser las concesionarias de la autovía de los Viñedos, que son cuatro, aunque los mayoritarios son ACS y Acciona.

El informe analiza los pros y los contras de esta operación y reconoce, por un lado, que con ella "se facilita la financiación de las empresas interesadas" pero, por otro, "que se podría dar la imagen de que la Junta se aprovecha de las dificultades financieras de las empresas".

El texto, en buena parte de sus más de 50 páginas, analiza el perfil de hasta 6 grandes constructoras españolas con las que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía entonces deudas: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr Vallermoso y OHL. Por ejemplo, de Acciona dice que "expresa sin ambigüedades su interés por el sector concesional hospitalario", de Ferrovial que "no está presente en concesiones hospitalarias" y de OHL que "se concentra primordialmente en las concesiones de las autopistas".

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Al final, y tras diseccionar el posible interés que todas ellas pudieran tener en diversificar su negocio hacia el sector de la sanidad partiendo de ideas como que "las constructoras pueden pretender aprovecharse de las ineficiencias actuales del sector sanitario”, concluye que "quienes podrían estar interesadas en los hospitales son los concesionarios de la autovía de los Viñedos", es decir, fundamentalmente ACS, que posee un 75% del tramo Toledo-Consuegra de esa vía, y Acciona, que tiene la concesión del otro tramo (Consuegra-Tomelloso). Luego señala otras dos empresas más, Cyopsa y Mota-Engil, propietarias en una menor parte de la citada autovía y a las que también el informe vería interesadas en el negocio.

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La operación no hubiese supuesto la condonación total de la deuda que la Junta mantiene con esas cuatro empresas. El informe propone diversas fórmulas financieras para hacer atractiva la oferta a las mismas. De este modo, señala que una de ellas podría ser dejar de pagar las anualidades pactadas por la autovía durante varios años seguidos (se habla de hasta 2021) evitando que las concesionarias tengan que poner efectivo. Otra es la de aplicar descuentos en el pago de esas anualidades hasta el 18,5% a lo largo de los años. Y una tercera fórmula que no se descarta en el informe, aunque "improbable", es la de que las empresas "renuncien al cobro de las anualidades hasta el final de la concesión", en el año 2032. En este punto, el asesor dice que el valor neto para la Junta podría llegar a ser de 228 millones de euros. Un cifra de la que dice "cabe interpretarla como que a partir de 2014 la Junta obtendría la concesión regalada incluyendo el mantenimiento".

Este informe no fue el único que Cospedal tuvo sobre la mesa para llevar a cabo la privatización de los hospitales de Tomelloso, Almansa, Villarrobledo y Manzanares. La Junta también pidió otros dos informes a sendas consultoras para que trazaran "la hoja de ruta" de la privatización de esos centros sanitarios.

Sin embargo, tanto esos informes como el que aquí hemos detallado cayeron en saco roto. Fuentes conocedoras de la operación han señalado a la Cadena SER que "las cuentas no cuadraban y que no había empresas interesadas en hacerse con la gestión de los hospitales".

"Ese", nos dicen, fue el verdadero motivo por el que la expresidenta de Castilla-La Mancha paralizara los planes de privatización de esos centros sanitarios, algo que ella misma anunció en mitad de un largo discurso del Día de la Región en 2013 cuando dijo que gracias a los ahorros que se habían generado por una "gestión eficiente", el Gobierno que presidía "no va a privatizar ningún hospital" de la región, aunque advirtió de que no iba a renunciar "a modernizar los modelos de gestión".

Su estrategia nunca se llevó a efecto con la entrada en el ejecutivo del socialista García-Page que paralizó todos los planes sanitarios de su antecesora, ahora ministra de Defensa.