Operación Lezo

Cifuentes vetó a la oposición información del Canal que no estaba bajo secreto de sumario

  • El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiso remitir documentos a la oposición, pese a que durante cinco meses tuvo vía libre por parte de la Audiencia Nacional para entregar esa información
  • La Comunidad niega "mala fe", asegura que tardaron cinco meses en percatarse de la existencia de la comunicación del juez. No lo vieron antes "por un error humano" cometido por un subdirector general que ha sido cesado por la gravedad de los hechos

Cristina Cifuentes, en rueda de prensa en Puerta del Sol. /

El Gobierno de Cifuentes tenía luz verde de la Audiencia Nacional para dar a la oposición los 35 documentos sobre el Canal de Isabel II desde agosto; es decir, durante cinco meses estuvo reteniendo, sin motivos, toda la información que la Comunidad de Madrid ha denegado sistemáticamente a PSOE, Podemos y Cs.

Desde que la Comisión de Investigación de la Corrupción comenzase a tratar las irregularidades que sobrevuelan a la empresa pública que gestiona el agua de todos los madrileños, la oposición siempre se ha estrellado contra un muro. Lo han intentado por todo tipo de vías, pero ninguno de los tres grupos de la oposición, ni PSOE, ni Podemos ni Ciudadanos han conseguido que el Gobierno de Cifuentes les remitiese, por ejemplo ni las actas del Consejo del Canal entre 2007 y 2015, ni las actas del nombramiento de Edmundo Rodríguez Sobrino, ni el Informe de Due Diligence Financiero de KPMG sobre la ruinosa compra de Emissao, ni las escrituras de la constitución de Canal Extensia.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha alegado siempre para no remitir esa información que esos documentos estaban bajo secreto de sumario. Pero nunca estuvo bajo la protección del secreto de sumario del Caso Lezo, según ha adelantado eldiario.es. "La petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad de Madrid no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar, ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta docuementación".  Esa es la contundente respuesta que dio el juez Fernando Andreu al Gobierno de Madrid a través de en una providencia a la que ha tenido acceso la SER.

Ese escrito del juez llegó al Gobierno de Cifuentes el día 22 de agosto, pero sorprendentemente no fue hasta el pasado viernes, es decir, cinco meses después, cuando se percataron de la existencia de ese papel. Casualmente, la Cadena SER consultó el pasado martes a la Consejería de Presidencia si el juez de la Audiencia Nacional había respondido a la consulta que le hicieron en el mes de julio, la respuesta fue un "no", de forma tajante.

En la Puerta del Sol niegan que se haya actuado "de mala fe", aseguran que todo se trata de un "error humano" y señalan al subdirector general del Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid "que fue quien traspapeló la respuesta del juez". Ese alto cargo ha sido cesado, según han confirmado a la SER desde el Gobierno madrileño, "ante la gravedad del error cometido".

En el mes de octubre, Podemos decidió presentar un denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad de Madrid por su cerrojazo informativo, Ciudadanos también amagó con hacer lo mismo. Todos los grupos han criticado la opacidad de la Comunidad de Madrid y la falta de colaboración a la hora de remitir esos documentos.

La decisión de negar parte de esa información a la oposición la ratificó el pasado de 2 agosto, el viceconsejero de Presidencia, el ahora consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, amparándose un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, al que tuvo acceso la SER. Días antes, el 1 de julio, el propio Ruiz Escudero envió una carta al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón en la que le pedía autorización para que pudiesen dar respuesta a todas las peticiones de información que habían recibido. En esa carta, la Comunidad de Madrid aporta el informe de la Abogacía General contrario a que se diese esa información.

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