El Gobierno de Cifuentes extenderá las subvenciones del IRPF a las ONG que se quedaron sin ellas
La Consejería de Políticas sociales va a poner en marcha un procedimiento para que las entidades que recibían subvenciones del Estado en 2016, puedan mantener activos sus proyectos pese a no haber sido seleccionados en el último proceso
aet.es
Comunidad de Madrid
El departamento de Carlos Izquierdo va a iniciar un procedimiento para analizar qué proyectos se financiaron en 2016, a través de la cuota para fines sociales de la Declaración de la Renta, y cuáles han perdido la ayuda. Si cumplen los requisitos de puntos, las entidades recibirán la misma cantidad de dinero de la que dispusieron el pasado año para mantener activos sus proyectos.
Ningún proyecto va a quedar fuera. El consejero asegura que "las ayudas se van a ampliar a todas las entidades que ya tenían cobertura económica. Va a haber crédito suficiente para todos." Izquierdo defiende la convocatoria realizada este año: "Hemos financiado proyectos por un importe de 26 millones de euros, esos proyectos son distintos, en algunos casos, a los del año pasado porque la comisión de valoración de los expertos estimó que eran los mejores".
El consejero no reconoce errores en el proceso pero, de esta forma, soluciona los problemas ocasionados por el formato elegido que han llevado a la Red Española de Inmigración ha presentado un recurso en los tribunales. "Lo hemos hecho por concurrencia competitiva y hemos seleccionado los mejores proyectos, los hay de todo tipo: violencia de género, mayores, menores, trata, discapacidad...Todos están contemplados. Lo que estamos haciendo, con este nuevo procedimiento, es ampliar el crédito para dar continuidad a los proyectos que ya estaban en marcha".
La convocatoria del IRPF de este año ha sido excepcional porque era el primera vez que, por una sentencia judicial, las Comunidades se convierten en las encargadas de gestionar directamente las subvenciones. El Gobierno central ofreció su ayuda a las diferentes autonomías pero Madrid y Extremadura decidieron no aceptarla y el proceso, según denunciaron las entidades, perdió transparencia y dejó indefensas a muchas ONG que vieron como el listado provisional de los proyectos seleccionados se convirtió en definitivo sin permitir alegaciones.
