La Fundación Eléctrica de Cádiz se gasta más de 14.000 euros en un informe
El documento fue encargado al despacho Cuatrecasas para justificar la negativa de la fundación a implantar el bono social
Informe encargado por la Fundación Eléctrica de Cádiz a Cuatrecasas / Radio Cádiz
Cádiz
La Fundación Eléctrica de Cádiz, presidida por el concejal del PP José Blas Fernández, pagó más de 14.500 euros al prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas por un informe para analizar las consecuencias fiscales de la implantación del bono social gaditano y la situación legal de la fundación.
Es un informe al que ha tenido acceso la SER y que, a grandes rasgos, pretendía ser utilizado por la fundación como respaldo a la negativa de su actual presidente a implantar el bono social gaditano, una propuesta de la empresa pública Eléctrica de Cádiz defendida e impulsada por el equipo de gobierno de la ciudad.
El informe también analiza la situación actual de la fundación y en él se recalca, entre distintas consideraciones legales, que la Fundación Eléctrica de Cádiz está "prácticamente inactiva" y que en los últimos ejercicios no ha presentado "planes de actividades, inventarios ni cuentas anuales", por lo que puede "estar incumpliendo las obligaciones contables de la fundación a nivel estatal y autonómico".
Además, ese informe destaca que los cargos del patronato de la fundación están caducados.
En cualquier caso, y pese a la caducidad de cargos y a la inactividad de la Fundación Eléctrica de Cádiz, los responsables de la misma decidieron encargar un informe al prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas por más de 14.500 euros, informe que además concluye en su último punto que lo mejor sería realizar una consulta vinculante a la Dependencia de Gestión Tributaria.
El despacho Cuatrecasas es noticia estos días porque es en el que trabajaba la cuñada Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, del PP y envuelto en varios casos de corrupción y quien, en medio de una pugna de poder interna por el control del PP en Madrid, encargó a Cuatrecasas el informe en el que ahora se basa la acusación contra Ruiz Gallardón en el 'caso Lezo', que investiga presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.
