Cifuentes cede suelo público para la escuela concertada

La oposición denuncia que el gobierno regional recupera una práctica de Francisco Granados investigada en la Púnica

"Es importante matizar que el Gobierno de Cristina Cifuentes desde que comenzó la legislatura no hemos puesto en marcha ningún nuevo centro concertado", decía el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, hace unos meses, un mantra que se ha venido repitiendo en su departamento cada vez que se hablaba de la educación concertada en Madrid. "Desde que comenzó la legislatura no se ha abierto ni un solo centro concertado", repite el consejero una y otra vez allá donde le preguntan por las subvenciones a los colegios privados. Una regla de oro, una pseudo-medalla que Van Grieken se había puesto a sí mismo, y por ende, a su presidenta, y que ahora, en su tercer año de gobierno, van a romper.

Hasta hora el gobierno de Cifuentes solo había concertado nuevas aulas en centros que ya tenían subvenciones públicas concedidas de anteriores legislaturas, pero será la primera vez desde que gobierna que el concierto se haga extensivo a un colegio de nueva creación. La fórmula administrativa elegida, además, no es la habitual y ha hecho que salten las alarmas entre la oposición y los sindicatos de la educación madrileña. "Lo habitual es que sea una entidad que ya cuenta con un colegio privado la que se dirija a la consejería de Educación y solicite un concierto educativo", explica el portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, Juan José Moreno. Sin embargo, esta vez, el colegio se va a levantar a través de un cesión de suelo público que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz puso en manos de la Comunidad de Madrid en 2016 con la intención de que en esa parcela se levantara un colegio concertado de Educación Especial, según los datos aportados en el blog Algo queda que decir. 

La adjudicación ya está abierta, se publicó el pasado mes de enero en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) y los pliegos dejan claro que habrá un concierto educativo para diez aulas a cuarenta años, lo que supondrá un desembolso de no menos de diez millones de euros, según los cálculos que hace la comunidad educativa. El PSOE pedirá al gobierno regional en la Asamblea que paralice el concurso mientras estudia si es ilegal. "Vamos a llevar una iniciativa urgente al Parlamento para que se posicione en contra de este nuevo acto de mercantilización de la educación", explica Moreno, "con el coste previsto para este centro sería más viable y rentable construir un centro público que daría, además, una respuesta más satisfactoria a las necesidades del alumnado".

Fuentes de la consejería de Educación explican a la SER que el proceso administrativo de cesión de suelo público para construir un colegio concertado está dentro de la legalidad, y se ha puesto en marcha "por las necesidades de la zona". Además, aseguran estas mismas fuentes, resulta más rentable a la Administración, entre otras cosas, porque no hay que construir. Una fórmula administrativa que escama al PSOE y le recuerda a los tiempos "más oscuros de Francisco Granados". Una de las causas abiertas al ex consejero madrileño dentro de la trama Púnica investiga si cobraba comisiones junto al empresario David Marjaliza por ceder suelo público, que a su vez cedían los ayuntamientos de la región, para construir colegios concertados. Esa época que se investiga ahora coincide con el auge de la llamada "nueva concertada" en Madrid que ha permitido que en los últimos años hayan aflorado centros educativos privados subvencionados con fondos públicos en manos de empresas no vinculadas al mundo de la educación, denunciadas por cobrar cuotas abusivas e irregulares a las familias madrileñas.

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Cadena SER

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