Piden 10 años para Castedo por el presunto amaño del PGOU en favor de Ortiz

La acusación que ejerce Esquerra Unida también pide hasta 29 años de inhabilitación para cargo público. Solicita otros 10 años de cárcel para Luis Díaz Alperi

Francisco Camps (i), José Luis Díaz Alperi (c) y Sonia Castedo (d) (Imagen de archivo) /

La acusación popular del caso Brugal en la pieza que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en beneficio del constructor Enrique Ortiz, ha pedido 10 años de prisión para los exalcaldes populares alicantinos Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La acusación, ejercida por Esquerra Unida, pide además hasta 29 años de inhabilitación en el caso de Castedo para el desempeño de cargo público, 19 años para Díaz Alperi.

El abogado de la formación, José Luis Romero, les acusa de un delito continuado de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. A Sonia Castedo también le considera responsable de cometer prevaricación.

Para el empresario solicita 13 años de cárcel por aprovechamiento de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias.

Además, Esquerra Unida solicita multas para cada uno de ellos por valor de 42.100.911 euros relativas al delito de tráfico de influencias, una cantidad equivalente al "beneficio perseguido" con el supuesto amaño del plan urbanístico.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Radio Alicante, el empresario alicantino, también procesado por la presunta financiación irregular del PP en la Comunitat Valenciana, estuvo al tanto de la redacción del mapa urbanístico. Señala que "los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo entregaron planos de la revisión del PGOU a Ortiz, con anterioridad a la exposición pública, y las dos aprobaciones provisionales, del PGOU". Defiende que el contenido fue revelado al empresario, en sus tres versiones, antes de hacerse público.

En el planteamiento recoge que "el acusado, Enrique Ortiz, durante la realización de los trabajos de redacción de la revisión del PGOU, con el consentimiento del alcalde, Díaz Alperi, y a través de la concejala de urbanismo, Sonia Castedo, así como con línea directa con Quesada Polo, y con los acusados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, conoce las determinaciones de planeamiento que se elaboran e influye en la plasmación sucesiva de las mismas a favor de sus intereses, entendidos estos como los que representa el entramado de sociedades de las que tiene el dominio".

Conversación, recogida en la investigación, en julio de 2008 entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz en la que el constructor le pide que "pinte tres parcelas de azul"

El resto de acusados

Por esta causa serán juzgados otros seis procesados: Virgilio Ortiz (hermano de Enrique Ortiz), los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres empresarios (Pablo Rico, Ramón Salvador Águeda y Santiago Bernáldez).

Para Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, socios de Salvetti Abogados, despacho en el que "idearon la prosecución de la revisión del PGOU y la contratación de la mercantil Laboratorios de Proyectos para la realización de dichos trabajos, a través de un cocurso diseñado, en sus criterios de adjudicación, a la medida de dicha mercantil, se piden 8 años de cárcel, para cada uno.

Para el resto, solicita penas que oscilan entre los 2 años y 6 meses. Todos por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

Del mismo modo, la formación pide que los nueve encausados indemnicen de forma conjunta al ayuntamiento de Alicante con un total de 1.339.249 euros, "por el perjuicio acreditado" que le han ocasionado con su actuación.

El Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante (también personado en la causa) pide para los exalcaldes 4 años y 9 meses de prisión y 5 para el empresario alicantino.

Para Luis Díaz Alperi también le reclaman 23 años de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de casi un millón y medio de euros, mientras que para Castedo, el abogado del consistorio solicita 15 años de inhabilitación y multa de 780.000 euros.

El consistorio pide a Ortiz que abone una multa de 65 millones de euros.

 

 

 



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