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Mejora el colapso de los asuntos de familia en Toledo y Ciudad Real, pero la espera sigue siendo de un año

El ministerio de Justicia acaba de aprobar este martes la subvención a los Colegios de Psicólogos para desatascar la lista de espera de informes psicosociales, suspendidos desde diciembre

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Toledo

El Gobierno destinará este año 914.000 euros de subvención a los Colegios de Psicólogos para desenquistar la lista de espera de informes psicosociales en los asuntos de familia.

En diciembre se agotó el dinero previsto para Castilla-La Mancha y los psicólogos de la región que trabajaban para las provincias de Toledo y Ciudad Real dejaron de hacer informes. Este martes se publicaba en el BOE la partida con la que el ministerio quiere ayudar a las víctimas de divorcios y separaciones.

En estas dos provincias de Castilla-La Mancha, la espera es de un año, para conseguir el informe del perito que evalúa las circunstancias de custodia de un menor y propone la mejor de ellas. Isabel Hinarejos es la responsable de este área en el colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Señala que son las únicas que demandan el refuerzo de peritos, dado que en Toledo, por ejemplo, hay sólo una psicóloga de plantilla para una población de 700.000 habitantes 

Un psicólogo y un trabajador social examinan a los padres y a los hijos y emiten un dictamen en el que recomienden que la custodia se atribuya a uno u a otro, o por el contrario se establezca un sistema de custodia compartida. En los casos más graves como los de abandono, que se les quite a ambos la custodia para quedar el niño al cuidado de una Institución Pública.

En 2017, los psicólogos pagados por el Ministerio, realizaron 76 informes (62 en Toledo y 14 en Ciudad Real), por orden de antigüedad, pero el Instituto de Medicina Legal del que depende este área, rehúsa confirmar cuántos casos de separación están pendientes actualmente de esta prueba pericial

Su directora, Carmen Martín, dice que la lista de espera "ha mejorado algo" y que ha disminuido la entrada de peticiones.

El objeto de este convenio es la asistencia psicológica especializada en las Oficinas de asistencia a las víctimas así como la colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos judiciales. 

 
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