El Ayuntamiento baraja tumbar el plan para construir casi 300 chalets en Berrosteguieta

Vitoria

Vivir en Berrosteguieta a unos minutos en coche de Vitoria en un chalet o un adosado en las faldas de los Montes de Vitoria. Los promotores pensaban que era una gran idea. El Ayuntamiento también. Eran los años previos a la crisis. Los chalets se venderían como churros y Berrosteguieta se convertiría en un gran pueblo-dormitorio con 287 chalets y adosados nuevos.

Ese era el plan que nunca ha llegado a ejecutarse. Ahora el Ayuntamiento estudia darle el portazo definitivo. La propuesta técnica del Avance del Plan General -a la que ha tenido acceso la CADENA SER- propone desclasificar esos suelos e impedir que se levanten viviendas. Si los políticos atienden el documento que tienen sobre la mesa, Berrosteguieta seguirá siendo tal y como es ahora. Es la propuesta del informe aunque los técnicos dejan en manos de los partidos todas las alternativas sobre los suelos en los pueblos: desde esta desclasificación hasta dejar las cosas como están. 

Todo empezó en 2003. El Ayuntamiento de Vitoria aprobó el plan urbanístico que diseñaba la Vitoria de la siguiente década. En pleno fragor inmobiliario, miles de metros cuadrados se recalificaron como urbanizables en decenas de pueblos de Vitoria. Una de las joyas de la corona de esta política del cemento era Berrosteguieta, un pueblo en el que el 80 por ciento de las viviendas son unifamiliares, y las piscinas y las canchas de tenis no llaman la atención. En la actualidad tiene 73 viviendas y 185 habitantes.

La recalificación aprobada por el Ayuntamiento suponía multiplicar por cuatro las viviendas existentes en el pueblo. El Ayuntamiento no lo dudó y los propietarios de los suelos recalificados tampoco. En mayo de 2013, apenas dos meses después de entrar en vigor el Plan General, los dueños de los terrenos se reunieron para dar los primeros pasos. Para septiembre ya habían encargado la elaboración del desarrollo urbanístico de la zona. Los elegidos eran los arquitectos Luis López de Armentia y Juan Adrián Bueno, así como Eduardo Bárbara, habitual en los movimientos inmobiliarios en la ciudad.

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A partir de ese momento llegaron las reuniones con técnicos y políticos. Para 2004 el plan urbanístico de la zona estaba redactado. El 18 de febrero de 2005 el Gobierno de Alfonso Alonso le dio luz verde. Unos meses después haría lo propio el pleno del Ayuntamiento de Vitoria. Y a principios de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Todo estaba preparado.

Económicamente la operación era arriesgada pero eran los años de la euforia inmobiliaria en la que se vendían chalets a precios desorbitados. Según los arquitectos del plan urbanístico, los costes de la urbanización que tenían que soportar las viviendas de Berrosteguieta -sin contar con la propia construcción de los chalets- eran de las más altos de Vitoria. Suponían repercutir a cada vivienda más de 60.000 euros,. En especial, por la baja densidad (apenas 3,2 viviendas por hectárea) y por los “altísimos costes” de una urbanización en la que se tenía que construir una variante de la carretera que lleva a Treviño y un gran parque urbano de cerca de medio millón de metros cuadrados que recorrería las riberas del Río Batán.

“A pesar de todo ello, en nuestra opinión, queda demostrada la viabilidad de la ejecución del Sector nº 30”, dejaron escrito los arquitectos Luis López de Armentia y Juan Adrián Bueno en septiembre de 2005. Pero llegó la crisis. Los promotores se habían comprometido con el Ayuntamiento a pedir las primeras licencias en 2009. Según la normativa, tenían un plazo de ocho años -hasta marzo de 2011- para empezar la urbanización de la zona. Nunca la empezaron.

Aquel plan quedó olvidado, pero podría volver si la mejoría económica se asienta. Los redactores del primero documento sobre el Avance del Plan General no quieren darle una nueva oportunidad. Consideran desmesurada aquella recalificación. Un error de los años de la burbuja. Ahora han propuesto a los políticos que den marcha atrás y que desclasifiquen esos suelos. Y los políticos en el Ayuntamiento tendrán la última palabra. O mantener vivo el sueño que los promotores diseñaron en 2003 o tumbar definitivamente sus aspiraciones.

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