La legislación actual es insuficiente para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas
Según el Defensor del Pueblo el Ministerio de Justicia no descarta cambiar el Código Penal para mejorar el tratamiento del delito de usurpación
Cadena SER
Toledo
El Defensor del Pueblo ha iniciado en 2017 una actuación de oficio por el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, reflejado en las quejas que los ciudadanos han remitido a la institución sobre este asunto. Quejas, que según se desprende del ultimo informe, ponen de relieve la insuficiencia del marco jurídico actual para hacer frente a este tipo de prácticas ilegales. Los casos son numerosos en viviendas de protección oficial y en ocasiones, sangrantes.
El último se registraba en Albacete, en una promoción de 60 viviendas propiedad de Gicaman. En el número 4 de la calle Nuestra Señora de Cubas. Manuel Martín, inquilino desde el año 2009, se ausentó durante semanas por un problema médico y cuando llegó, le habían ocupado su casa y tenía sus pertenencias en la calle. El propietario no le da ninguna solución.
A Manuel le ocupan su vivienda de protección y se queda en la calle
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En este mismo bloque, según la información de la Junta de Comunidades, hay otros dos casos de ocupación ilegal. Fuentes de Fomento indican que, muchos de los inquilinos no pagan y se ausentan durante tiempo prolongado. No es el caso de Manuel, que asegura "mantuvo informada a la empresa Gicaman de su hospitalización".
Avisar a la policía local e informar a los servicios sociales fue lo que hizo la Delegación de la Junta en Albacete, según se informó a esta redacción aunque tanto el Ayuntamiento como la policía local, insisten en que no hay ninguna denuncia.
La localidad toledana de Noves es otro de los numerosos ejemplos donde los ocupas se adueñan de viviendas construidas y vacías. Recientemente la Guardia Civil acompañaba a los operarios municipales para clausurar contadores de agua. Son innumerables las veces que este ayuntamiento ha denunciado a la empresa suministradora de energía los enganches ilegales. La impotencia se adueña de los alcaldes y de los vecinos.
Más información
El Defensor ha formulado recomendaciones que han sido rechazadas. No obstante, el Ministerio de Justicia no descarta que en una eventual reforma del Código Penal se aproveche la ocasión para mejorar el tratamiento del delito de usurpación y otras medidas especiales que sirvan de ayuda a los perjudicados y víctimas de este delito.
