La Universidad Rey Juan Carlos traslada a la Fiscalía el caso del máster de Cristina Cifuentes al apreciar indicios de delito

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha trasladado a la Fiscalía el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al apreciar indicios de delito. La URJC, pese a que en su primera rueda de prensa negó que hubiese alguna irregularidad en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, abrió una investigación interna el pasado 21 de marzo que ha estado rodeada de hermetismo. En esa investigación participan, o deberían participar, dos observadores independientes de la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE). Fuentes universitarias han confirmado a la SER que ninguno de los dos observadores nombrados por la Conferencia de Rectores está en Madrid. Uno de ellos, José Angel Contreras, de la Universidad de Burgos, está de vacaciones fuera de España, como confirmó él mismo al diario «El Norte de Castilla» en una entrevista publicada este miércoles. El entorno de la otra observadora —Carmen Ruiz, de la Universidad de Murcia—, ha confirmado a la agencia EFE que están a la espera de ser citados para iniciar los trabajos. Es decir, que de momento no están observando la información reservada que la Universidad Rey Juan Carlos tiene abierta desde la semana pasada. Desde la CRUE no aclaran cual es realmente el papel de estos observadores y si deberían estar presentes en el interrogatorio a las profesoras. Se limitan a decir que se encargaran de velar porque toda la recopilación de testimonios y documentación se haya hecho correctamente y siguiendo la normativa de la propia Universidad. Fuentes universitarias reconocen su sorpresa porque no estén aún presentes en los trabajos sobre el máster de Cifuentes aunque añaden que esta figura de los observadores es inedita y que no hay un procedimiento claro que seguir. Alicia López de los Mozos, una de las profesoras cuya firma aparecía en el acta de entrega del TFM que presentó Cristina Cifuentes, ha negado que la firma que aparece en el documento aportado por la presidenta de la Comunidad de Madrid sea suya. Además, la Fiscalia de Madrid ha abierto diligencias penales por el caso del máster de Cristina Cifuentes tras la denuncia presentada de los estudiantes. La falsificación de un documento público, como es el acta que acredita la presentación del Trabajo de Fin de máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, lleva acarreada una pena entre tres y seis años de cárcel si quien la comete es un funcionario o una autoridad, según el Código Penal. Como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación. Mañana, viernes, 6 de abril, a las 13.30 horas, el rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles (Madrid) para dar más detalles sobre este asunto.

La Universidad Rey Juan Carlos traslada a la Fiscalía el caso del máster de Cristina Cifuentes al apreciar indicios de delito

La URJC negó en su primera rueda de prensa que hubiese alguna irregularidad en torno al máster de Cifuentes

La Fiscalia de Madrid ha abierto ya diligencias penales por el caso del máster de Cristina Cifuentes

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