Tras días de hermetismo, la investigación interna de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el máster de Cifuentes ha dado un giro. La presidenta del supuesto tribunal que evaluó a la presidenta madrileña ha declarado no reconocer el acta del Trabajo Fin de Máster y niega que la firma sea suya. Alicia López de los Mozos, una de las tres profesoras que figura como miembro del tribunal en el documento, es la única docente que ha declarado. Las otras dos profesoras, Clara Souto y Cecilia Rosado, no han acudido a declarar ante la inspección. El acta del TFM de Cifuentes fue firmado supuestamente el 2 de julio de 2012. Ese documento fue aportado por la propia presidenta madrileña para defenderse tras, según su versión, solicitarlo a la universidad. Días después, El Confidencial reveló que al menos dos de las tres firmas del acta eran falsas. El documento se habría fabricado hace dos semanas, el 21 de marzo, solo unas horas después de que estallara el escándalo desvelado por ElDiario.es. Preguntada por esta cuestión ayer en la rueda de prensa, Cifuentes derivó toda responsabilidad del origen del documento en la universidad. «Si hay algún error, pregúntele a la universidad. Yo no lo puedo verificar, es un documento interno, es simplemente algo que tienen que explicar ellos», aseguró. Por otro lado, la Universidad ha trasladado a la Fiscalía el caso al apreciar indicios de delito y este viernes ofrecerá una rueda de prensa para dar más detalles de la investigación interna. Minutos más tarde del comunicado de la institución académica, el Ministerio Fiscal en Madrid ha abierto diligencias penales tras estudiar la denuncia y documentación aportada por algunas asociaciones de alumnos de la la propia universidad. La falsificación de un documento público, como es el acta que acredita la presentación del Trabajo de Fin de máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, lleva acarreada una pena entre tres y seis años de cárcel si quien la comete es un funcionario o una autoridad, según el Código Penal.