Llega la sentencia de La Manada: “Si alguien dice que esto es voluntario…”

Madrid

“Si alguien dice que esto es voluntario…”. La frase, pronunciada por la fiscal Elena Sarasate, flotó durante unos segundos en la sala 102 del Palacio de Justicia de Pamplona en los compases finales del juicio contra ‘La Manada’. Cinco meses después del juicio y casi dos años después de los hechos, este jueves la sección segunda de la Audiencia de Navarra hará pública una sentencia que tendrá que elegir entre dos versiones irreconciliables: la de una violación grupal perpetrada por cinco hombres – sostenida por acusaciones, Fiscalía e instructor – o la de una pataleta de una joven – adaptación expuesta por las defensas – cuyo objetivo era evitar la difusión de los vídeos y conseguir cuanto antes la píldora anticonceptiva.

Sarasate, fiscal de menores en Navarra, se refería a los siete vídeos grabados por los acusados y que constituyen la prueba principal del caso. Hizo definitiva su petición de 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los cinco miembros de ‘La Manada’ por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia, asegurando que las imágenes no admiten “ninguna discusión”, que ella “no consintió”, que “no pudo sino someterse” y que “no podía sospechar ni en sus peores pesadillas lo que iba a suceder en ese portal” de la calle Paulino Caballero.

Su informe final coincidió con los de la representación de la víctima y las del Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, y chocó frontalmente con el de los tres abogados de la defensa. Su estrategia pasó por afirmar que todos mantuvieron “relaciones pactadas desde el inicio”, que la joven era “la líder del pelotón” y que tuvo una “experiencia sexual perturbadora que le pudo producir vergüenza” tras la cual su mayor preocupación era evitar que los vídeos viesen la luz y denunciar porque “necesitaba imperiosamente el uso de anticonceptivos”.

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Violación, berrinche o ángulo muerto de la Justicia, admitiendo en la escala de grises el abuso sexual. La sentencia que hagan pública este jueves los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra dejará por escrito las respuestas a las grandes incógnitas del caso: si el silencio de una persona puede considerarse como una invitación a tener sexo y si la violencia exigida por el delito de agresión sexual puede alcanzarse sin infligir heridas, pero cerrando la puerta a cualquier cosa que no sea el sometimiento a través del engaño y la superioridad física.

El consentimiento

A lo largo del juicio, ninguno de los cinco acusados fue capaz de explicar cómo la joven prestó su consentimiento, aunque fuese entre líneas, para mantener relaciones sexuales con todos en un portal. Algunos de ellos se aferraron a una supuesta frase – “Puedo con uno y con cinco” – que atribuyen a la chica y que ella niega, afirmando incluso que en todo momento creyó que era cuatro. Todos explicaron cómo el contexto les dio a entender que la joven madrileña de dieciocho años estaba conforme con lo que después sucedería en la calle Paulino Caballero, sin ser capaces de concretar si esa impresión existió en algún lado ajeno a sus propias cabezas.

Para la fiscal Sarasate, que la joven no dijese ni sí ni no sólo demuestra que no sabía lo que iba a suceder mientras que ellos “iban claramente decididos” y que ella “confió en que no iba a ocurrir nada malo”. Para el letrado Agustín Martínez Becerra, representante de varios acusados, la negativa al sexo debe manifestarse “con palabras o actos” y de forma “clara y sin matices”. Si el rechazo no ha sido claro y cristalino, rubricó el letrado en su informe, “¿por qué no voy a entender de que quiere mantener relaciones sexuales con nosotros?”.

La violencia

El delito del artículo 178 del Código Penal regula las agresiones sexuales, que se diferencian de un abuso sexual en la aplicación de una violencia suficiente para vencer la resistencia de la víctima. Buena parte del juicio también pivotó en torno a si los cinco acusados recurrieron a la violencia para someter a la joven: acusaciones y defensas consensuaron que la víctima no se resistió de forma activa y que los agresores no tuvieron que emplear una fuerza excesiva para conseguir su objetivo, pero discrepan en que esa actitud de sometimiento total pueda ser entendida primero como una invitación y después como un asentimiento no verbal.

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La fiscal Sarasate lo tuvo claro desde el comienzo de su intervención: “Hubo una violencia mínima, la necesaria para vencer su resistencia” y no pudo sino resignarse ante “la superioridad física y ambiental” generada por cinco hombres “hechos y derechos” sobre una adolescente en un conato de trastero. Su reacción de cerrar los ojos, ser incluso “amigable” y esperar a que “todo pasara con el menor daño posible”, una reacción “propia de cualquier víctima”. Además, añadió, exigir una resistencia heroica a una mujer que está siendo violada o abusada es algo “ya está más que superado” en nuestro ordenamiento jurídico.

Esto último lo dijo después de escuchar cómo uno de los peritos propuestos por las defensas llegaba a afirmar durante el plenario que la joven podría haberse defendido “mordiendo el pene” a alguno de los cinco miembros de ‘La Manada’.

Su forma de sentarse

La recta final del juicio, con las conclusiones e informes finales de todas las partes, se convirtió en una sucesión de exposiciones que no se limitaron a abarcar los hechos sino que llegaron incluso a analizar su forma de sentarse durante el juicio, si se tocaba o no el pelo y su perfil de Instagram.

"Esto excede con mucho lo que debe entenderse por una vida normal", dijo el letrado Martínez Becerra tras exponer como prueba una imagen colgada por la joven en su cuenta de Instagram pocos meses antes del comienzo del juicio con un mensaje sacado de un reality-show. "Esa camiseta en Pamplona en las próximas fiestas no sería posible llevarla", llegó a decir. "Evidentemente tiene derecho a intentar llevar una vida normal, ¡faltaría más!", decía la fiscal poco antes.

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Su estrategia de defensa, además de afirmar que las relaciones fueron plenamente consentidas, incluso afirmando que si denunció los hechos fue para evitar que los vídeos viesen la luz o para conseguir la píldora del día después. "Se marcharon de unas malas formas y fuera de las reglas de la caballerosidad, ese gesto de mala educación no tuvo que sentarle nada de bien, se quedaba sola", dijo por ejemplo el letrado Juan Canales, añadiendo que después la joven se quedó llorando en un banco "a saber por qué". Jesús Pérez, letrado de otro de los acusados, afirmó que la denuncia se debió a que "necesitaba imperiosamente el uso de anticonceptivos".