Aguas de Cádiz estudia denunciar a Romaní por prevaricación o malversación
El PP defiende las explicaciones de Carlos Guillén sobre las fechas de la auditoría entregada
Cádiz
El presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Podemos, Álvaro de la Fuente, asegura que ya se están estudiando posibles acciones legales contra el portavoz del PP y expresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, y contra Carlos Guillén por delito contable, prevaricación o malversación.
“Ya estamos pidiendo información para ver las posibles acciones judiciales que pueden emprenderse por si los hechos fueran constitutivos de delito contable, prevaricación o malversación de caudales públicos. Lo estamos estudiando ya”, recalca.
De La Fuente cree que las informaciones aportadas por la SER sobre la fecha de la auditoría del director de tesis de Romaní agravan la situación generada después de que se conociera la relación entre Aguas de Cádiz y el observatorio dirigido por Guillén en el pasado mandato, cuando la empresa municipal abonó 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE).
En esta línea, el concejal de Medio Ambiente espera que “a la vista de los hechos, Romaní no sólo no forme parte de la comisión de investigación de los hechos, sino que se aparte y se retire del Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, empresa de la que es vicepresidente actualmente”.
Aguas de Cádiz está a la espera de convocar para la próxima semana una nueva reunión del Consejo de Administración. Para entonces espera contar con la información requerida a la Universidad de Cádiz, que todavía no ha sido enviada. La empresa municipal ha solicitado información a Carlos Guillén, aunque tampoco ha remitido ningún dato.
Por su parte, Ignacio Romaní ha comparecido ante los medios de comunicación para defender las explicaciones dadas por Carlos Guillén a Radio Cádiz sobre la llamativa diferencia de fecha del informe elaborado por el OARSE que presentó el PP en rueda de prensa y el facilitado por Guillén a Radio Cádiz.
“Me remito a esa contestación, es la que voy a utilizar. Ustedes ya han dado la respuesta, no lo tengo que aclarar yo”, ha señalado. El portavoz del PP de Cádiz cree que “tendrá que ser el OARSE el que dé cuenta de la investigación que ha realizado, que sí se hace investigación y se puede demostrar”. “Investigación sí ha habido”, ha apostillado.
Al hilo, ha explicado que él solicitó al OARSE el informe con el que presentó en rueda de prensa. “Lo que me dice el OARSE es que ese es el documento que ellos tienen fruto de esa investigación. Lo he enseñado y contrastado con otros documentos que yo tenía”, expone, al tiempo que considera que “hay un interés en mantener el tema latente”.
“Lo soporto, no sé si llego a entenderlo, pero lo que hago es defenderme en aquellos cauces en los que se me lo permite”, ha indicado, para defender su participación en la comisión que investiga su papel en la relación de Aguas de Cádiz cuando él la presidía con el OARSE, dirigido por el a su vez director de su tesis en aquellos años.
El candidato del PP de Cádiz, Juan José Ortiz, también ha defendido que Ignacio Romaní esté presente en esa comisión de investigación porque “en España existe el legítimo derecho de defensa. Quien lo niegue tendrá que explicar por qué”.
También ha reaccionado a la noticia adelantada hoy por Radio Cádiz el coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García, quien sostiene que “el caso cada día huele peor. Si el PP no sabe dar explicaciones sobre esto, tendrá que actuar en consecuencia. Lo de Ignacio Romaní no es un caso aislado, estamos viendo en todas las latitudes como el PP es, cada día más, una trama mafiosa que se aprovecha de las instituciones”.
Asimismo, las representantes socialistas en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz han exigido que, a la mayor brevedad posible, se convoque la comisión de investigación para esclarecer la relación entre esta empresa municipal y el OARSE entre 2011 y 2015.
“Es inadmisible que sigamos conociendo datos por los medios de comunicación, en vez de por la comisión creada para esclarecer este asunto. En concreto, hoy hemos sabido que, presuntamente, el documento aportado, por parte de Ignacio Romaní, como la supuesta auditoría que el observatorio elaboró para Aguas de Cádiz, tiene fecha diferente al que mostró Carlos Guillén, datando el primero de marzo de 2015, y el segundo, de septiembre de 2014”, explica Mara Rodríguez.
La consejera socialista ha vuelto a manifestar que Romaní debería ser apartado de la comisión de investigación creada. “No se puede ser juez y parte. Esto ya lo defendimos en el consejo de administración que se celebró el pasado 23 de abril y lo seguimos manteniendo. Lamentamos que el equipo de gobierno se haya unido a este planteamiento ahora, y no nos apoyara en el momento de creación de esta comisión”.
De este modo, Mara Rodríguez ha reiterado que “hace más de dos semanas que apoyamos la creación de la comisión de investigación, sin embargo, no hemos vuelto a tener más noticias. Es urgente llegar al fondo de este asunto lo antes posible. Estamos hablando de dinero público de todos los gaditanos y, si no se ha hecho un buen uso del mismo, es necesario que se asuman responsabilidades”, afirma la consejera socialista en Aguas de Cádiz.
Por otra parte, los socialistas han recordado que han apoyado la creación de la investigación porque, en el transcurso de dicho consejo de administración, plantearon una batería de preguntas que no quedaron respondidas en su totalidad, a pesar de que eran fundamentales para esclarecer este asunto.
“A día de hoy, las dudas y las cuestiones pendientes siguen aumentando. Nuestra responsabilidad es aclarar el uso que se hizo del dinero público y que la imagen de Aguas de Cádiz, una empresa que es de todos los gaditanos, no sufra ningún daño. Por ello, la convocatoria de la comisión de investigación no puede esperar más”, concluye Mara Rodríguez.