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Aguas de Cádiz ve cuatro delitos en los pagos al director de tesis de Romaní

Los servicios jurídicos de la empresa creen que pudo haber prevaricación, malversación, fraude y falsificación

Ignacio Romaní, en uan rueda de prensa reciente /

Los servicios jurídicos de Aguas de Cádiz no dejan ningún lugar a dudas. Los pagos que esta empresa pública hizo al profesor Carlos Guillén cuando era director de tesis de Ignacio Romaní, concejal del PP y entonces presidente de la compañía, pudieron ser constitutivos de, al menos, cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. En un informe, encargado por el consejo de administración y entregado este viernes 8 de junio a sus miembros, el departamento jurídico insta a poner en conocimiento de la autoridad judicial por la vía contable y por la vía penal.

Los hechos, tal y como viene contando la SER, se remontan a 2011 cuando el profesor de la Universidad de Cádiz Carlos Guillén, que entonces ya dirigía la tesis universitaria de Romaní, solicitó a Aguas de Cádiz una subvención para un estudio que estaba realizando él y un grupo de investigadores de Ciencias del Trabajo sobre responsabilidad social. Es el mismo asunto que abordaba la tesis de Romaní. En total, pidió 43.000 euros en una carta con membrete de la Universidad de Cádiz. Finalmente, recibió en cuatro pagos, entre 2011 y 2015, 42.000 euros.

Pero, tal y como recuerda el informe jurídico de la empresa pública, ni a la Universidad de Cádiz ni a Aguas de Cádiz les consta que esa investigación se realizase. No se puede justificar el destino del dinero. Así lo dejó claro un informe del interventor de la UCA conocido esta semana. Y así lo deja claro también el informe del servicio jurídico de Aguas de Cádiz que se conoce ahora.

"No consta la existencia de ningún expediente que guarde relación con el encargo y contratación del servicio para la elaboración de un informe de auditoría externa sobre responsabilidad social", concluye este documento. Guillén, en una de sus explicaciones sobre lo ocurrido, llegó a decir que lo que se pagó en un inicio no se pudo realizar por la crisis y que su trabajo, por el que recibió 42.000 euros, terminó siendo una auditoría sobre responsabilidad social del año 2014. Pero Aguas de Cádiz no tiene constancia de que ese documento se entregara ni de su propia existencia.

De haber existido, se tendría que haber entregado en marzo de 2015, pero para entonces Guillén había recibido todo el dinero. El primer pago se le hizo en 2011. Y el segundo, en 2012. Las facturas firmadas entre Guillén y Romaní justificaban el pago en investigaciones sobre responsabilidad social, no en una auditoría posterior. Además de no haber constancia de haberla recibido, el informe jurídico se queja de la "escasa calidad técnica y falta de rigurosidad" en el documento que Guillén entregó a los medios de comunicación y a la empresa en mayo de este año, como prueba de que el trabajo sí se había hecho. "No se justifica el importe que recibió", concluye el servicio jurídico.

La Fundación Aguas de Cádiz realizó los dos últimos pagos a Guillén como ayuda o subvención a la celebración de unas jornadas, de las que la empresa no tiene constancia. "No existe relación entre los fines de las jornadas y el objeto social de la empresa", explica. Además, advierte de que no hay expediente alguno que ampare estas ayudas ni hay constancia de justificación.

A la luz de todos estos hechos, el informe jurídico de Aguas de Cádiz cree que estos hechos pudieron ser constitutivos de cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. Son delitos que pueden conllevar penas de cárcel de hasta diez años cada uno de ellos. Es una acción que se dirige contra Guillén, sobre todo por la carta con membrete de la UCA en la que "creó la apariencia de participación de una universidad pública en un proyecto" y contra Romaní, presidente entonces de Aguas de Cádiz y firmante de los pagos, "porque pudo adoptar presuntamente la decisión arbitraria de contratar un servicio o de conceder una ayuda al margen de la normativa vigente", lo que, a efectos penales, tiene la consideración de funcionario.

El informe concluye que estos hechos "no son una mera ilegalidad administrativa, sino una posible desviación de poder y falta de competencia en los actos decisorios y ejecutivos que se adoptan, de los que, a su vez, se deriva un lucro para un tercero constituido por fondos públicos".

El servicio jurídico de Aguas de Cádiz recomienda acudir a la autoridad judicial por la vía penal, con denuncia ante la Fiscalía o juzgado competente, para que abra investigación, o con querella ante el tribunal con relato de hechos constitutivos de presuntos delitos y medios de prueba". El informe cree que es compatible la denuncia penal con acudir al Tribunal de Cuentas.

El Consejo de administración de Aguas de Cádiz ha sido convocado para el próximo miércoles 13 de junio. Fuentes socialistas han pedido que, una vez conocido el contenido de este informe, se acuda cuanto antes a la Fiscalía.


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